May Rosas
La regulación del transporte en Chiapas
Si alguien se tomara la molestia de explicarle a un usuario de Uber o DiDi en Tuxtla Gutiérrez por qué su viaje ahora cuesta un poco más, la respuesta oficial sería algo así como: “Estamos modernizando la movilidad en Chiapas”. Resulta que el 2026 nos trajo un relajito de aquellos, mientras el país enfrenta temas serios, en Chiapas el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Movilidad y Transporte para obligar a todos los operadores del transporte público a contar con certificado de aptitud. Suena bonito, pero cuando rascas un poquito, encuentras que la verdadera motivación era cobrarles a las plataformas digitales un derecho del 1.5 por ciento por viaje y el tarjetón, además de seguros amplios y un montón de requisitos que, ojo, están bien. El problema no es regular; el problema es a quién le regularizas y a quién le sigues viendo la cara.
El texto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el famoso Decreto 201, establece que las unidades de plataforma no pueden hacer base, no pueden usar la vía pública indebidamente y deben pagar sus impuestos. Hasta ahí, ni modo, es la ley. Pero mientras tanto, el servicio de taxi concesionado —ese que parece sacado de una foto de los años 80, con unidades que deberían estar en un museo y choferes que manejan como si estuvieran en un videojuego— sigue intacto. No se le exige renovar el parque vehicular, no paga un derecho equivalente por usar la infraestructura urbana hasta desgastarla, y sus seguros, cuando existen, son tan limitados que más protegería una rameada en San Pascualito.
Aquí es donde el asunto deja de ser un mero ajuste administrativo y se convierte en una bomba de tiempo en las manos de la secretaria Albania González Pólito. Porque el conflicto ya no es si los taxistas le lloran al Gobierno o si los conductores de plataforma se quejan. El conflicto ya escaló a tema social. Los bloqueos en la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez, protagonizados por el Sindicato de Taxistas Fidel Velásquez, no son nuevos. Tampoco lo son las protestas de los conductores de plataforma, que el 23 de febrero de este año se manifestaron pacíficamente exigiendo una ruta clara para su regularización.
El problema real, el que debería preocupar a cualquier funcionario con dos dedos de frente, es que quien está resintiendo este relajo es el usuario final. El ciudadano que quiere ir a su trabajo, que necesita llevar a sus hijos a la escuela o que simplemente quiere llegar vivo y en un tiempo razonable a algún lugar. A Finanzas, mientras llegue el 1.5 por ciento de cada viaje, le importa poco si el servicio es digno o si la gente puede moverse. Pero la señora González Pólito debería entender que la recaudación no lo es todo. Cuando la gente no puede transportarse, cuando el servicio es malo, caro o inexistente, la paciencia social se agota.
Y hablando de cosas que se agotan: la paciencia de los conductores de plataforma también llegó a su límite. El colectivo de conductores, representado por voceros como Jairo Matías Majata, estima que entre 10 mil y 15 mil choferes podrían verse afectados por la nueva legislación, lo que impactaría directamente a otras tantas familias chiapanecas. Ellos mismos han solicitado diálogo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, porque no están en contra de la regulación, pero sí de una normativa que no fue dialogada y que beneficia claramente a un sector en detrimento de otro.
Lo que realmente es digno de admirar, es el papel del Instituto de la Consejería Jurídica. Esta dependencia, que debería de estar metida en el ajo, parece que su titular, Guillermo Nieto, vive en una realidad alternativa. Mientras los temas de modernización legislativa explotan como palomitas de microondas —que ya sabemos cómo terminan, unas quemadas, otras no revientan y al final todas huelen a humo—, el susodicho anda como si el Gobierno de la Nueva Era fuera una especie de maestría en enogastronomía, con la oportunidad de andar de enamoradizo en el salón de clases con la compañerita del pupitre de al lado con cargo al presupuesto. Mientras la Consejería Jurídica debería estar asegurándose del alcance de las leyes, de sus riesgos y consecuencias, para que las reformas tengan coherencia, sean justas y no sean un traje a la medida que afecte a otros.
¿Casualidad que la regulación de plataformas, que debió incluir una revisión profunda a los concesionarios, se haya quedado a medias? Porque mientras a las apps las ponen a cumplir con todo, a los concesionarios —esos que tienen concesiones como si fueran manojos de rábanos, agarrando tres, cuatro, cinco y quién sabe cuántas más— nadie les pide cuentas. Nadie les dice que actualicen sus unidades. Nadie les exige que contribuyan a la recaudación. Al contrario, se les protege, o sea, el que innova, el que ofrece un servicio rastreable, con calificación al conductor, con quejas atendidas por una plataforma y con seguros de verdad, es el malo. El que tiene una concesión desde hace 30 años, con un coche que ya debió haber sido chatarrizado tres veces y que maneja como si las calles fueran su propiedad privada, ese es el bueno. Ese es el protegido.
Se está perdiendo una oportunidad de oro para hacer las cosas bien. Podría haber usado la llegada de las plataformas como una palanca de transformación real del transporte, exigiéndoles a todos, a unos y a otros, estándares dignos, unidades seguras, conductores profesionales. Pero no. Prefirió el camino fácil: cobrarle al que sí cumple y dejar al que no, exactamente igual.
Y mientras la secretaria Albania González Pólito tiene esa bomba de tiempo en las manos, mientras el titular de la Consejería Jurídica, Guillermo Nieto, sigue con sus recetas de cocina, catando vinos y coqueteando en lugar de actualizar y mejorar la normatividad jurídica con seriedad, el usuario sigue esperando. Esperando que alguien, en algún momento, entienda que la movilidad no es un favor que se le hace a los taxistas o a las aplicaciones, es una aspiración social y derecho de progresar. Y cuando ese derecho se negocia por debajo del agua para ahogarlo, cuando las leyes se hacen para proteger intereses y no para garantizar servicios, al final, quien explota es la ciudadanía. Y cuando eso pase, ni el 1.5 por ciento de cada viaje va a alcanzar para pagar el costo social.
Gracias querido lector, con gusto recibo comentarios, NOS LEEMOS EN LA PRÓXIMA…
