Gilberto Bátiz García
La reciente presentación del libro Por una Democracia Progresista, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, fue una conversación necesaria sobre el rumbo democrático del país.
Acompañado de mi compañera magistrada Claudia Valle Aguilasocho, y en un espacio de conocimiento e ideas, el diálogo giró en torno a una pregunta esencial: ¿en qué etapa se encuentra hoy el proceso democrático mexicano?
El de 1988 es un año medular en esta reflexión y, por ello, un referente para cualquier eventual respuesta. Más allá de lecturas políticas particulares, este episodio evidenció la fragilidad institucional de un sistema que aún no contaba con las garantías que hoy consideramos indispensables.
La incertidumbre de entonces aceleró y profundizó transformaciones con miras a un México democrático: nuevas autoridades, reglas más claras y mejores, un sistema de medios de impugnación robusto y una justicia electoral con competencias definidas. La crisis dio paso a la institucionalización.
Y aquí quiero hacer un amplio reconocimiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por sus aportaciones. Su participación en aquella coyuntura representó una exigencia histórica de pluralidad y transparencia. Contribuyó a colocar en el centro del debate público la necesidad de reglas equitativas y de instituciones imparciales. Su papel ayudó a catalizar una transición que fortaleció el andamiaje democrático que hoy sostiene nuestras elecciones.
Y hay que recordarlo: durante décadas, la defensa del voto estuvo marcada por la movilización ciudadana. Una etapa necesaria, valiente y fundacional. Pero una democracia madura no debe depender del heroísmo de sus ciudadanos para ejercer derechos.
El verdadero progreso democrático consiste en trasladar la defensa de los derechos del terreno de la confrontación a la arena institucional. Del conflicto en la calle a la garantía en la Constitución. Del reclamo individual a la tutela jurisdiccional efectiva.
Durante la campaña judicial del año pasado recorrí las distintas regiones del país. Escuché inquietudes y escepticismo legítimos. Pero también una exigencia clara: una justicia que funcione con técnica, imparcialidad y responsabilidad.
Hoy el desafío no es abrir el sistema —esa fue la tarea de generaciones anteriores— sino consolidarlo. Y consolidar implica fortalecer la independencia judicial, profesionalizar procesos, actuar con sobriedad institucional y ejercer con racionalidad los recursos públicos.
La legitimidad democrática no deriva únicamente de la competencia electoral. Depende también de que las instituciones respondan con visión de largo plazo a los momentos complejos.
Una democracia progresista se mide por la certeza jurídica y por la previsibilidad institucional. Y, por ello, se consolida cuando las controversias encuentran cauces legítimos y cuando el voto se respeta.
La tarea del Tribunal Electoral, en ese sentido, no es sustituir la participación ciudadana. Es garantizar que esa participación se traduzca en derechos efectivos. No es amplificar tensiones, sino resolverlas conforme a la Constitución y mediante una colegialidad funcional: deliberación técnica, contraste de argumentos, pluralidad de enfoques jurídicos y construcción de criterios consistentes. Un ejercicio como el que se vive al seno de la Sala Superior.
En el Palacio de Minería recordamos que las ideas preceden a las reformas, las reflexiones a las transformaciones y que los libros, como el que hoy presentamos, han abierto horizontes.
Hoy México no enfrenta el reto de inventar su democracia, sino de cuidarla. Que sus instituciones sigan estando a la altura de la historia que las hizo y las hace necesarias.
