El problema no solo radica en su desempeño, sino en su origen y en la forma en que fueron integradas
PORTAVOZ/AGENCIAS
A casi una década de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, las fiscalías especializadas que surgieron bajo esa arquitectura institucional arrastran cuestionamientos sobre su autonomía, eficacia y resultados. Lo que nació como una promesa de transformación frente a los escándalos de desvío de recursos y redes de corrupción política hoy enfrenta señalamientos por rezagos, designaciones a modo y una ausencia de rendición de cuentas que debilita su legitimidad.
Muna Dora Buchaín y Obed Rosas analizaron en esta entrega de PODEROSOS, el estado actual de estas instancias y coincidieron en que el problema no solo radica en su desempeño, sino en su origen y en la forma en que fueron integradas.
Obed Rosas advirtió que el punto de partida es clave: la manera en que se nombra a quienes encabezan estas fiscalías determina, en gran medida, su independencia real.
“El tema de la designación es importantísimo porque en algunas de ellas se trata de una designación por medio de propuestas que llegan a los congresos locales, ternas que tienen que ser avaladas normalmente en este formato es el ejecutivo, es decir, los gobernadores son quienes los proponen. En el otro es el fiscal o la fiscala general de los estados lo que lo hace. Esto conlleva a que por una parte tengan vínculos partidistas o tenga no esa autonomía con respecto al funcionamiento de la Fiscalía General”.
Para Muna Dora Buchaín, el problema debe entenderse desde 2015, cuando se reformó la Constitución para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción en medio de una crisis de credibilidad provocada por escándalos como la llamada “Estafa Maestra” y otros esquemas de desvío de recursos públicos.
“Sobretodo porque desde 2015, yo siempre digo que la esperanza era a partir del mandato constitucional que dieron en México del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde era indispensable la creación de este modelo pensando en el cúmulo de corrupción que se había detectado”.
La exfuncionaria recordó que el diseño legal fue amplio y ambicioso, pero que desde su origen estuvo atravesado por intereses políticos.
“Es a raíz de todas estas investigaciones que dieron como pauta los desvíos de recursos, no solamente de lo que se llama ‘la estafa maestra’, sino los subsidios, el tema de las universidades, bueno, llegó a tal grado que el Sistema Nacional Anticorrupción se crea como un supuesto modelo que iba a venir a salvar al país de todo esto, claro, politizado como todo, pero el fundamento constitucional y legal era que tenía como obligación no solamente prevenir, sino sancionar y perseguir hechos de corrupción. Nacen así las fiscalías anticorrupción. En este mandato se hicieron reformas a la Ley Orgánica de la de la Fiscalía General de la República, nace la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, el Código Penal, los estatales y se homologa. Simple y sencillamente era una esperanza más para que pudiéramos nosotros tener una institución especializada en investigar corrupción, porque la corrupción tiene espacios más complejos, más sofisticados y deberíamos de tener alguien especializado”.
Esa expectativa, explicó, incluía que las personas designadas tuvieran un perfil técnico sólido y una trayectoria limpia, sin compromisos partidistas que condicionaran su actuación.
“Uno esperaba que las designaciones fueran personas no solamente competentes hablando técnicamente, especializadas que no tuvieran otra historia vinculada a partidos, porque lo que está vinculado a partidos lamentablemente tiene un gusanito depredador que va acabando con estas condiciones de independencia”.
Sin embargo, lo que —a su juicio— ocurrió fue lo contrario. Las fiscalías nacieron dentro de estructuras ya capturadas por intereses políticos.
“Tuvimos una gran oportunidad, tuvimos, porque esto ya no existe y no se puede reponer de que al nacer las fiscalías anticorrupción podían nacer limpias, nacer limpias es comenzarlas a constituir, a implementar con jóvenes, con personas éticas, honestas, no amañadas y generar un nuevo modelo de investigación. Eso es lo que se esperaba. Realmente en México no se ha tomado en serio la anticorrupción. Todos los sistemas estatales, al igual que el nacional, fueron hechos a modo. Los sistemas estatales anticorrupción casualmente quedaban personas a modo: conocidos, primos, sobrinos del gobernador con el contralor y al igual que el sistema nacional anticorrupción aquí en México se encabezaba por la Secretaría de entonces la Función Pública, hoy Anticorrupción, y la Auditoría Superior de la Federación los titulares en los estados eran iguales”.
En ese contexto, Muna Dora Buchaín señaló, se configuró una red institucional donde los nombramientos dependen de quienes deberían ser investigados.
“Empezamos a ver que en todos los estados los fiscales anticorrupción son puestos a modo por el gobernador, gobernadora igual que los contralores internos, son los órganos internos de control y al igual que las entidades de fiscalización, los titulares, pues lo que teníamos era que no querían decir que su naturaleza fuera esa. Aquí en México hacer lo correcto implica persecución y estigmatización. Y si voy un poco más a esto, con las designaciones, lo que se espera es una investigación con imparcialidad. Pero si tú designas a alguien cercano a modo de quien depende su estancia o su continuidad ahí, pues yo no conozco a alguien que se quiera aventar un torito de esa naturaleza”.
El rezago, agregó Obed Rosas, no solo es local. Incluso a nivel federal se observan pendientes significativos.
“Si en la propia Fiscalía Anticorrupción Federal vemos que existe estos rezagos que podemos es empezar esperar de las demás”.
Muna Dora Buchaín fue más allá y habló de redes de protección y de una ausencia casi total de rendición de cuentas.
“Les interesa proteger su cargo y a los que están alrededor. Porque se forma una red de corrupción y de vínculos. Las fiscalías anticorrupción por sí mismas, dijéramos, no tienen una naturaleza propia de un ejercicio amplio en el que puedan requerir información abierta, en que puedan rendir cuentas.
¿Has visto en ocho años que algún fiscal anticorrupción en la República rinda informe de su ejercicio? Yo no recuerdo”.
Además, sostuvo que muchas veces ni siquiera se les dota de los recursos necesarios para investigar, lo que termina convirtiéndolas en estructuras inoperantes.
“Si tengo a alguien que sé que no es apto para ser el fiscal o la fiscal anticorrupción, pero lo coloqué porque es a modo y me sirve y es obediente y ahí me va a controlar todo. Pero no le voy a dar insumos porque no quiero que trabajen y no quiero que se peinen las lanas si es, porque ese es el otro tema. No hay una generación nueva de expertos jóvenes para investigar corrupción. ¿Cuáles son los insumos principales de las fiscalías anticorrupción? Bueno, de los órganos internos de control y de las entidades de fiscalización superior, léase auditorías superiores de los estados, todas estas conductas vinculadas a corrupción, a faltas graves, en donde se aprecia que puede haber un delito. ¿Y qué pasa con todo eso?
Lo que dices, no me digan que en todo el país no hay corrupción cuando está candente, pero cómo se van ellos mismos a auto criminal. Y aquí viene el tema, el diagnóstico realmente en México es que el sistema para llevar a cabo una investigación está coludido, está cuarteado”.
Ante el anuncio de posibles reformas a fiscalías y auditorías, Obed señaló que el solo hecho de plantearlas implica admitir que el modelo actual no ha funcionado.
“Se habla de la intención de reformar las fiscalías anticorrupción, al igual que los sistemas nacionales, las auditorías locales. Me llama la atención porque en la medida en que se presentan estas iniciativas o se anuncian, reconocen que hay una falla”.
Pero para Buchaín, el reconocimiento discursivo no basta si no se traduce en cambios estructurales.
“Y fíjate, más allá de reconocerlo, lo viven. O sea, Se vive el aumento el incremento de la corrupción en gobiernos en municipios, donde se ha mantenido estable, digamos, que son las entidades del ejecutivo, donde dependen titulares, salvo lo que es Comisión Federal, Pemex, todas esas que son desconcentrados. Pero todos los demás está a lo que da la corrupción. Todos lo saben, pero saben que, si hablan, los perseguidos van a ser ellos. Aquí cuando reconoce se conoce que se requiere todo esto, pues no solamente reconocerlo en un discurso, es qué voy a hacer distinto para que caminen las cosas”.
Así, lo que alguna vez se presentó como el gran andamiaje institucional para combatir la corrupción en México enfrenta hoy el reto de demostrar que puede romper con las inercias políticas que le dieron origen y recuperar la confianza ciudadana que prometió reconstruir.
