May Rosas
La justicia con ferragamos manchados de barro
Por décadas, en el México profundo, la justicia constitucional no era un derecho, se sabía cómo una especie de mito urbano. Por eso, cuando la Suprema Corte decidió dejar la comodidad de la Ciudad de México y hacer una sesión extraordinaria en Tenejapa, Chiapas, no solo rompió el protocolo; fue como si cortara de golpe el aire enrarecido del Poder Judicial con un machete, pero de esos que abren camino. Lo que pasó el 26 de febrero de 2026 va mucho más allá de un simple cambio de sede, no es la judicatura jugando al turismo comunitario con viáticos. Más bien, es la confesión más honesta posible del Poder Judicial: “No podemos entenderte si no te escuchamos en tu casa”.
La Corte sesionó en territorio tsotsil para resolver el amparo de La Candelaria, una comunidad en San Cristóbal de Las Casas, marcando un antes y un después. Por primera vez en mucho tiempo, el derecho no le exigió al pueblo aprender el idioma de los abogados, sino que la Corte fue la que aprendió a escuchar en el terreno. Ahora, el tema de fondo es jurídicamente fino, el Congreso de Chiapas ignoró durante cinco años la petición de una comunidad que quería, con toda razón, que su Gobierno tradicional dejara de ser solo un acuerdo entre compadres y se volviera un sujeto de derecho público, con acceso a recursos reales.
La Corte, sin andarse por las ramas, dijo claro que, la omisión legislativa también viola derechos humanos. O sea, no hacer nada también hace daño. Y ordenó al Congreso local legislar en 180 días, tan pronto como salga la nueva Ley General en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Mientras tanto, constriñó al Gobierno estatal y al municipio a que tomen medidas inmediatas, en un plazo de 90 días, para garantizar de verdad el autogobierno tsotsil de La Candelaria. Eso incluye que les asignen y entreguen, a tiempo, el dinero público que les corresponde. En otro contexto, eso sería casi un sacrilegio fiscal; aquí, simplemente es poner el autogobierno donde debe estar, en el presupuesto.
Que el máximo tribunal del país se haya movido hasta una comunidad indígena no tiene precedente en México, y la verdad, vale la pena preguntarse si en otros países algo así ha pasado, o si somos los únicos tan valientes, o quizá tan lentos, que necesitamos hacerlo. La respuesta corta es que sí hay ejemplos, pero son distintos.
Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva años haciendo audiencias itinerantes. Desde 2005, ha tenido sesiones fuera de su sede en San José, Costa Rica, en países como México, Argentina, Brasil y Chile. En 2008, sesionó en México con casos contra Honduras y Brasil; en 2013 y 2016 repitió la jugada. La lógica es la misma que usó el ministro presidente de la SCJN, Aguilar Ortiz: llevar la justicia a las víctimas, facilitar que los testigos participen sin arruinarse en boletos de avión y, de paso, recordarle al Estado que los derechos humanos no son solo un adorno. La diferencia es que la Corte IDH es un tribunal supranacional; cuando viene a México, es visita. Cuando la Suprema Corte va a Chiapas, va a su propia casa, lo que vuelve todo más potente, es como si el patriarca, en vez de mandar un recado, viniera él mismo a pedir disculpas.
Guatemala vivió algo parecido en 2025, cuando la Corte IDH supervisó una sentencia sobre radios comunitarias indígenas. La presión internacional hizo que el Estado ofreciera frecuencias, aunque las comunidades las rechazaron por las condiciones abusivas. Ese caso enseña que ir al territorio no garantiza que el enemigo se convierta; a veces el poder ejecutivo sigue moviendo los hilos y la orden judicial se queda en espejismos.
Más atrás, hay un antecedente colonial en México. En 1683, en la mixteca de Oaxaca, improvisaron un tribunal en un campo de trigo para que un juez español resolviera una disputa por tierras. El tribunal, hecho de ramas y flores, terminó siendo escenario de una bronca que acabó con un indígena arrestado. Lo interesante no es la violencia, sino la señal que, incluso en el siglo XVII, la justicia española entendía que, si no iba al campo, el campo no iría a ella. Claro, entonces era un imperio extractivista; hoy, con algo de suerte, es un Estado social de derecho. Pero la lección es la misma, la jurisdicción no solo se declara, se ejerce donde duele.
En la otra punta del continente, Brasil armó un sistema de justicia itinerante que no tiene desperdicio, invirtiendo en barcos, autobuses, aviones, todo para llevar los tribunales hasta las comunidades ribereñas y amazónicas. Lo han documentado de sobra. La experiencia brasileña deja claro que esto de mover la justicia no es un invento mexicano; es una necesidad real en países tan grandes y desiguales como los nuestros. La diferencia es que allá lo hacen siempre, como política de Estado. Aquí, por ahora, apenas es un chispazo de sensatez que, con suerte, no se apaga.
Ahora, también hay historias que sirven de advertencia. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ganó un montón de críticas porque sus magistrados no paraban de viajar a Irlanda, Canadá, Suiza, mientras tanto, el país sigue esperando resultados y sentencias claras después de casi ocho años. La prensa colombiana no tuvo piedad, a algunos de esos viajes les dijeron “turismo judicial”. La lección es dura, y no tiene que ver con las millas que acumulan los ministros, se trata de saber si al final del viaje logran cambiarle la vida a alguien. En Tenejapa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí resolvió algo importante, aunque no todos los ministros estuvieran presentes.
Lo que pasó el 26 de febrero va mucho más allá de La Candelaria. La Corte no solo reconoció el autogobierno de una comunidad; demostró que la justicia constitucional puede oler a copal y sonar en lengua materna. Ordenar la entrega de recursos públicos a un gobierno comunitario no es un favor; es hacer valer el espíritu de la reforma al artículo 2° constitucional de 2024, sin medias tintas. Y hacerlo en Tenejapa, frente a más de dos mil personas, convirtió al Amparo en Revisión 344/2025 en un acto de reparación simbólica.
El peligro es que esto quede como una anécdota de sexenio. Que los impartidores de justicia vean el acta de la sesión en Chiapas y digan: “Qué bonito, pero mejor nos quedamos donde estamos”. Si la Corte no convierte la itinerancia en una política permanente, habremos dejado pasar la oportunidad de cambiarle la cara a la justicia. Por ahora, hay que celebrar que la mayoría de los ministros se animaron a subirse a un avión para decirle a un pueblo: “La Constitución también se escribe en tsotsil”. La dignidad no se delega, se ejerce, y a veces, para hacer justicia, hay que mezclarse con la gente y mancharse los ferragamos.
Gracias querido lector, con gusto recibo comentarios, NOS LEEMOS EN LA PRÓXIMA…
