Servicios de traslado de reos y ambulancias continúan sin liquidación desde 2024
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Mientras el adeudo acumulado por servicios de traslado de reos y operación de ambulancias se aproxima al millón de pesos, proveedores del Centro Federal de Readaptación Social número 15, ubicado en Villa Comaltitlán, advirtieron que podrían recurrir a bloqueos en la carretera Costera para exigir el pago pendiente desde 2024. La tensión creció ante la falta de respuesta institucional y la posibilidad de que la protesta afecte una de las principales vías del Soconusco.
Aunque la empresa Ambulancia Critical fue subrogada para prestar el servicio a través de MS Medasolutions, su representante legal, María del Rocío Bartre, sostuvo que solo se cubrieron facturas correspondientes a los primeros tres meses de 2024. Desde abril de ese año y durante 2025 el servicio continuó sin que se liquidaran los montos restantes, a pesar de que los traslados médicos hacia Huixtla y Tapachula se realizaron conforme a contrato.
De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el sistema penitenciario federal cuenta con 14 centros activos en el país y alberga a más de 28 mil personas privadas de la libertad. La logística médica en estos espacios es obligatoria, dado que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece el acceso a servicios de salud como derecho de la población interna.
Si se considera que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado en distintos ejercicios observaciones millonarias por irregularidades administrativas en contratos de servicios federales, el caso abrió interrogantes sobre supervisión y cumplimiento financiero. Tan solo en la Cuenta Pública 2022, la ASF reportó más de 68 mil millones de pesos pendientes de aclaración en diversas dependencias federales, lo que evidenció la magnitud de los desafíos en control del gasto.
Mientras la ambulancia retirada en mayo para mantenimiento fue devuelta con desgaste y equipo incompleto, los proveedores aseguraron que cuentan con documentos donde se reconoce el adeudo, aunque sin fecha de pago definida. Ante la omisión del Cefereso 15, las empresas afectadas valorarán medidas de presión que podrían escalar a bloqueos carreteros, en una problemática que combina prestación de servicios críticos, obligaciones contractuales y riesgo de afectaciones a terceros.
