El aumento de ataques personales y digitales contra funcionarias con aspiraciones públicas encendió alertas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Cuando el proceso electoral de 2027 apenas comienza a delinearse, la violencia política en razón de género ha incrementado su intensidad en Chiapas, en especial contra funcionarias con posibilidades de competir por nuevos cargos. La confrontación se ha trasladado al ámbito personal y digital, donde ataques y descalificaciones buscan erosionar trayectorias antes de que inicie la contienda.
Aunque el marco legal contempló sanciones claras, los registros mostraron que alcaldes y periodistas encabezaron las inscripciones por este tipo de conductas en la entidad. Desde 2020, 26 personas han sido incorporadas en la entidadal Registro Nacional de Personas Sancionadas, y la mayoría corresponde a presidentes municipales y comunicadores. La consecuencia no es menor, dado que puede implicar pérdida de presunción de honestidad para ocupar cargos públicos.
Mientras organizaciones como 50+1 y la Red por la Paridad Efectiva han fijado postura en defensa de las afectadas, las cifras nacionales confirmaron la magnitud del fenómeno. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que 49 por ciento de las mujeres en México ha vivido algún tipo de violencia, y el Instituto Nacional Electoral (INE) documentó más de 200 denuncias por violencia política de género en el proceso 2021-2022.
En el plano institucional, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana puede iniciar procedimientos administrativos sancionadores cuando se acreditan estos actos conforme a la legislación electoral. A nivel nacional, más de 350 personas fueron inscritas en el registro entre 2020 y 2024, y el 44 por ciento de las víctimas han sido candidatas a cargos municipales, según el INE.
Si bien la comarca cuenta con vías penales, electorales y administrativas para castigar estas conductas, el desafío es frenar la normalización de prácticas que inhiben la participación femenina. En la antesala de 2027, el hecho de que alcaldes y periodistas aparezcan como los más sancionados colocó el foco en quienes ejercen poder político y moldean la opinión pública.
