El proyecto genera expectativas de desarrollo sin garantizar cumplimiento de normativas oficiales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Mientras el servicio de pasajeros de la Línea K permanece suspendido tras el accidente del 28 de diciembre de 2025 que dejó 14 personas fallecidas, el engranaje logístico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec avanza en Chiapas entre cuestionamientos ambientales y reservas del sector empresarial. La ruta de 459 kilómetros, operada por la Secretaría de Marina, mantiene activos sus frentes de obra pese a la pausa en el transporte de pasajeros.
Aunque la reapertura fue anunciada en noviembre pasado como símbolo de reactivación regional, el proyecto tuvo un alcance comercial al buscar conectar el Pacífico con el Golfo y articular cadenas globales de suministro. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Economía, el comercio exterior mexicano superó los 593 mil millones de dólares en exportaciones durante 2023, volumen que da sustento a la apuesta por nuevas rutas logísticas en el sureste.
En Tapachula, donde se construye el ramal KA para enlazar la red ferroviaria con Puerto Chiapas, la ampliación del muelle avanza pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó la autorización ambiental al proyecto de rehabilitación. Según cifras de la propia dependencia federal, en México solo alrededor del 65 por ciento de los proyectos sometidos a evaluación obtienen luz verde en su primera revisión, lo que colocó a esta obra en un escenario jurídico delicado.
Si se considera que los puertos mexicanos movilizaron más de 280 millones de toneladas de carga en 2023 conforme a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la integración ferroviaria con terminales marítimas aparece como pieza estratégica para reducir costos logísticos que en México representan cerca del 14 por ciento del valor del producto, según el Banco Mundial. Empresarios locales, sin embargo, plantearon dudas sobre la viabilidad financiera y la certeza regulatoria del desarrollo en Tapachula.
A medida que el proyecto avanza entre inauguraciones simbólicas y estaciones vacías, persiste la incógnita sobre la compatibilidad entre crecimiento económico y cumplimiento ambiental en una región con alta biodiversidad. El desafío para las autoridades federales y estatales será equilibrar la promesa de inversión y empleo con la legalidad de los procesos, en un corredor que aspira a competir a escala internacional mientras enfrenta cuestionamientos locales.
