May Rosas
Entre pakales, estadísticas y la amnesia selecta
El gobernador Eduardo Ramírez, no contento con lidiar con una frontera porosa, con estados vecinos que parecen sacados de una serie de Netflix y con la siempre creativa delincuencia, ahora debe enfrentarse al monstruo de siete cabezas de la política mexicana: la nota nacional que busca generalizar, donde vincula a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) con el crimen organizado. La nota, jugosa en detalles, hasta menciona a un tal “El Vaquero” que, según el expediente, recibía recursos del CJNG. Ante esto, la reacción del mandatario estatal fue la que se espera de un político experimentado: “No permitiremos que manchen a nuestras instituciones”, “investigaremos a fondo”, “cero impunidad”. Pero lo más interesante de su postura no fue el anuncio de la investigación, sino el contexto con el que decidió enmarcar el escándalo.
“Ya nos acostumbramos a vivir en seguridad y cualquier altercado pequeño lo queremos maximizar”, soltó el gobernador Eduardo Ramírez con una frase que, según el cristal con que se mire, puede ser una dosis de realidad con sal y limón. El gobernador tiene un punto, aunque duela. Chiapas, ese vecino incómodo de Centroamérica y de estados con índices violentos, se ha convertido en una suerte de Suiza mexicana. No es retórica gubernamental: según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, ciudades como Tapachula han logrado bajar su percepción de inseguridad, ubicándose en el lugar 28 nacional. Además, la policía estatal de Chiapas es, para variar, la mejor evaluada del país, encabezando rankings de desempeño con calificaciones que otras entidades ven con envidia.
Porque si algo ha caracterizado a la clase política mexicana, y en particular a ciertos gobernadores del sur-sureste, es la creatividad para el desfalco y una relación, digamos, cálida con el hampa. Recordemos, por ejemplo, al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, aquel que fue detenido por un presunto desvío de dos mil 600 millones de pesos y que hoy enfrenta procesos penales. O el caso de Quintana Roo, donde Roberto Borge fue detenido en Panamá acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras vender terrenos públicos como si fueran recuerditos de Cancún. Y ni hablar de Veracruz con Javier Duarte, quien, según las investigaciones, desvió al menos 223 millones de pesos y fue capturado en Guatemala. Esa era la edad de oro de la impunidad gubernamental.
Ante ese historial, las palabras del gobernador Eduardo Ramírez adquieren un matiz distinto. Mientras aquellos gobernadores priístas y panistas de la década pasada utilizaban las policías estatales como escoltas personales o, en el peor de los casos, como goteras para filtrar información a grupos delictivos, el actual Gobierno de Chiapas parece haber implementado una política radicalmente opuesta, la de procesar a sus propios elementos. El dato es contundente, más de 300 elementos de seguridad, entre Guardia Estatal, FRIP Pakal y policías municipales, enfrentan actualmente procesos penales. En la era de los exgobernadores prófugos, la sola idea de que un mandatario se ufanara de tener a 300 policías en la cárcel hubiera sido motivo de burla nacional. Hoy, es una estadística que duele en las filas de la corporación, pero que construye una narrativa distinta.
El contraste duele más cuando recordamos a personajes como Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, detenido por presuntos nexos con el Cártel del Golfo y Los Zetas. O a Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, que apareció en un video con La Tuta y terminó preso por delincuencia organizada. En aquellos años, los gobernadores fingían demencia, escondían la cabeza en la arena y cuando los descubrían, se hacían los sorprendidos. “No sabía”, era el estribillo favorito. Hoy, el gobernador de Chiapas sale a los medios no a esconderse, sino a desafiar: “Si esto hubiera pasado en 2024, con la detención del Mencho, les apuesto que se hubiera incendiado Chiapas”.
Estamos ante un cambio de paradigma. Porque si algo han demostrado los datos duros es que, a pesar de los focos rojos y las listas filtradas, la entidad se mantiene como una de las más seguras del país. Y eso, en un México donde gobernadores terminan en el Reclusorio Norte o con una ficha roja de Interpol, es una anomalía que merece ser subrayada. Claro, la crítica también tiene su espacio. Usuarios en redes no tardaron en señalar que, si bien se habla de cero impunidad, la instrucción de investigar llegó apenas después de que un medio nacional publicara la nota. “Eso debió ser desde el primer día de su Gobierno”, reclaman algunos. Y no les falta razón. La transparencia no debería depender de los reflectores de la Ciudad de México. Si hay 300 elementos procesados, es porque las fallas existen y son sistemáticas, pero eso es muy distinto a generalizar.
Pero en el balance, lo que resulta innegable es que la estrategia del gobernador Eduardo Ramírez, ha logrado lo que muchos gobernadores anteriores ni siquiera intentaron: poner orden en la casa, aunque sea a escobazos. Y en un país donde los exmandatarios huyen en avionetas o se esconden en resorts, tener a un gobernador que enfrente a los medios para decir aquí hay autoridad, aquí hay gobernador, suena casi a herejía. La FRIP seguirá bajo la lupa, y con razón. Tal vez sea un progreso menor, pero en la política mexicana, cualquier paso que no sea hacia la impunidad, es un paso hacia adelante. Ojalá y los 300 procesados no sean solo una estadística. Ojalá y la mano dura no sea selectiva. Porque en Chiapas, como en el resto del país, el verdadero reto no es detener a los malos elementos, sino demostrar que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni los Pakales, ni los exgobernadores, ni mucho menos, la costumbre de vivir en paz.
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