La inconformidad se duplicó, impulsada por recibos que alcanzan hasta 10 mil pesos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque Chiapas figura entre las principales entidades generadoras de electricidad en el país, miles de familias de la Costa y el Soconusco han optado por la resistencia civil ante lo que consideran cobros desproporcionados de la Comisión Federal de Electricidad. En los últimos cinco años, el número de usuarios inconformes pasó de cinco mil a más de 10 mil, lo que evidenció un crecimiento superior en municipios como Tapachula, Suchiate y Huixtla.
Mientras la entidad aporta alrededor del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica nacional, de acuerdo con datos oficiales del sector energético, los usuarios argumentaron que ese liderazgo productivo no se traduce en tarifas preferenciales ni en mejoras sustanciales del servicio. La inconformidad se profundizó al comparar el trato otorgado a otras regiones del país que han recibido esquemas especiales de regularización.
Si se considera que la comarca registró temperaturas superiores a 35 grados durante gran parte del año y que el uso de ventiladores o equipos básicos se vuelve indispensable, el impacto económico en los hogares es considerable. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 60 por ciento de la población ocupada en la entidad percibe hasta dos salarios mínimos, lo que vuelve difícil cubrir recibos que alcanzan dos mil, cuatro mil o incluso 10 mil pesos.
Aun cuando la cobertura eléctrica en el estado supera el 98 por ciento de las viviendas, cifras oficiales indicaron que el estado se mantiene entre las entidades con mayores índices de pobreza energética, entendida como la proporción del ingreso destinada al pago de servicios básicos. Organizaciones sociales sostuvieron que el problema no radica en la negativa a pagar, sino en la falta de esquemas tarifarios acordes con la realidad económica y climática regional.
Mientras crece el padrón de usuarios en resistencia y se multiplican asambleas comunitarias para definir estrategias colectivas, la presión social apuntó a una revisión integral del modelo tarifario en la frontera sur. Con más de 5.5 millones de habitantes en la entidad, cualquier ajuste en el suministro eléctrico tiene implicaciones directas en la estabilidad social y en la economía doméstica de miles de familias.
