Aunque la ley fija plazos claros para resolver solicitudes, en el municipio hay casos que superan meses sin entrevista formal
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Porque la ley establece plazos claros para definir la condición de refugiado y aun así estos se incumplen, el presidente del Colegio de Abogados de Migración y Derechos Humanos de México, José Gildardo Galdámez Peregrino, advirtió que en Chiapas se deja en indefensión a cientos de solicitantes de asilo por decisiones administrativas carentes de sensibilidad en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Aunque la Secretaría de Gobernación ha documentado que muchas personas provienen de países con esquemas de persecución y violencia, en la práctica las entrevistas de elegibilidad no siempre se realizan bajo ese contexto.
Mientras la Ley sobre Refugiados marca 45 días para resolver la elegibilidad y fija un límite de hasta 90 días en términos administrativos, en oficinas como la de Tapachula hay solicitantes que han acumulado más de 30 firmas sin haber sido entrevistados. Datos de la propia COMAR indicaron que en 2023 México recibió más de 140 mil solicitudes de asilo, de las cuales cerca del 60 por ciento se concentraron en la comarca, lo que ha saturado su capacidad operativa.
Aunque el argumento institucional apuntó a la falta de personal, Galdámez sostuvo que el problema no es cuantitativo, pues quienes realizan las entrevistas conocen los antecedentes de violencia en países como Cuba, Honduras o Haití y aun así desestimaron elementos clave al evaluar los casos. De acuerdo con cifras oficiales, más del 70 por ciento de las resoluciones emitidas el último año fueron favorables a los solicitantes, lo que confirmó que la mayoría sí cumple con los criterios de protección y hace cuestionable que otros expedientes sean rechazados bajo valoraciones poco consistentes.
La Unidad de Política Migratoria reportó que en 2023 se registraron más de 680 mil eventos de personas en situación migratoria irregular en el país, muchos de ellos detectados en territorio chiapaneco, lo que incrementó el riesgo de detenciones y deportaciones para quienes no lograron regularizarse.
La exigencia de mayor sensibilidad en la COMAR es una condición mínima para evitar daños irreparables. Con una tasa de reconocimiento que en algunos años ha superado el 65 por ciento y con miles de expedientes acumulados en Tapachula, abogados y organizaciones insistieron en que respetar los tiempos legales y profesionalizar las entrevistas es indispensable para garantizar que el derecho de asilo no dependa del azar administrativo.
