Señalaron exigencias económicas de hasta 10 mil pesos bajo amenazas o supuestas infracciones administrativas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Con la sensación de que las revisiones carreteras dejaron de ser operativos preventivos para convertirse en puntos de presión económica, transportistas y automovilistas de Raudales Malpaso se manifestaron en la Y Griega, frente a la caseta de la Policía Municipal, una decisión que tomó fuerza en un país donde la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental estimó más de 25 mil millones de pesos anuales en costos derivados de actos de corrupción.
A diferencia de otras inconformidades aisladas, los conductores describen un patrón que incluye exigencias de entre tres mil y 10 mil pesos bajo advertencias de multas o retención de documentos, cantidades que superan incluso el costo promedio nacional por acto de corrupción y que, en una región donde el transporte es actividad estratégica, golpean de forma directa el ingreso diario.
Dentro del sector transporte, que aporta más del seis por ciento del Producto Interno Bruto nacional de acuerdo con cifras oficiales, cualquier distorsión en la operación afecta cadenas de suministro y movilidad regional, por lo que la protesta programada desde las 08:00 horas no solo buscó denunciar a una corporación específica, también visibilizar cómo prácticas indebidas alteran la dinámica económica local.
En materia de confianza institucional, los indicadores de percepción mostraron que poco más de la mitad de la población declaró confiar en policías estatales, un dato que explicó por qué los inconformes optaron por una convocatoria pública en vez de limitarse a una denuncia interna, al considerar que el problema requiere atención más allá del escritorio administrativo.
Con la advertencia de que la concentración podría ralentizar los accesos principales a Malpaso, los organizadores insistieron en que la movilización fue pacífica y orientada a exigir una revisión profunda en la delegación vial, bajo el argumento de que la autoridad encargada de garantizar orden en carretera no puede operar bajo esquemas que, según denunciaron, deterioran la relación entre ciudadanía y Estado.
