El bloqueo afirmó la tensión entre vecinos e ingenieros, con la población exigiendo que se respete la conectividad
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Al considerar que la reducción de cruces viales pondría en riesgo la movilidad de más de mil habitantes del ejido Chamulapa, la comunidad ha improvisado rampas de tierra sobre las vías férreas, lo que mantiene bloqueados a los trabajadores de la Línea K y genera tensiones con la empresa encargada de la obra. Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la segunda etapa del Tren Interoceánico abarcará más de 150 kilómetros de vía y conectará seis municipios de la costa chiapaneca.
Aunque la obra promete modernizar el transporte de mercancías, habitantes denunciaron que solo se conservarán dos de los cinco cruces peatonales y vehiculares originales, situación que afecta la accesibilidad diaria de la población, incluyendo el tránsito hacia escuelas, centros de salud y mercados. Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalaron que Huehuetán cuenta con un crecimiento poblacional de casi 2.3 por ciento anual, lo que aumenta la presión sobre vías seguras y funcionales para desplazarse dentro de la comunidad.
Ingenieros han señalado riesgos de seguridad por el paso improvisado, lo que coincidió con reportes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que señalaron que más del 18 por ciento de las comunidades cercanas a vías férreas presentan vulnerabilidad ante accidentes en cruces no oficiales.
Como consecuencia de la intervención de camiones pesados y maquinaria durante la construcción, se han reportado daños a tuberías de agua potable y drenaje, esto afectó al 72 por ciento de los hogares del ejido, según datos de la Comisión Nacional del Agua sobre comunidades rurales en Chiapas. Este escenario alimentó la percepción de que la obra prioriza eficiencia logística sobre el bienestar local.
Aun frente a posibles sanciones legales y advertencias de autoridades, los habitantes han reiterado que continuarán con las manifestaciones hasta que se respete su derecho a mantener cruces viales. Informes de la Secretaría de Gobernación registraron que más del 60 por ciento de conflictos por obras de infraestructura en comunidades rurales implican disputas por accesos y caminos, lo que demuestra la necesidad de integrar criterios de planificación que incluyan a las poblaciones locales afectadas.
