Entre los casos documentados está la muerte de una niña de tres años, mientras tanto, activistas exigen medidas de prevención
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La violencia feminicida en Chiapas comenzó 2026 con un repunte preocupante que evidenció fallas en la prevención y protección, puesto que entre enero y febrero se registraron siete casos, un incremento del 133 por ciento frente a los tres contabilizados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Colectiva Feminista 50 Más 1. La región Soconusco concentró el mayor número de incidentes, al sumar cuatro de estos casos, mientras que los municipios de Tuxtla Chico y Cintalapa reportaron uno cada uno.
Durante los primeros dos meses del año, el rango de edad de las víctimas varió entre tres y 45 años, donde destacó el caso de una niña de tres años en Tila, y el de una funcionaria de la Fiscalía de Distrito en Ocosingo. Según datos de la FGE, el 28 por ciento de los casos reportados correspondió a menores de edad, lo que subrayó la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes en contextos de violencia estructural.
Las denuncias ante la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres mostraron que solo el 57 por ciento de los casos iniciados en 2026 han avanzado en investigación formal, lo que exhibió rezagos en la procuración de justicia. Especialistas han alertado que los patrones de violencia incluyen agresiones previas, amenazas y abandono institucional.
El análisis territorial indicó que 43 por ciento de los feminicidios ocurren en áreas rurales, mientras que el restante 57 por ciento se concentra en zonas urbanas, esto comprueba que tanto ciudades como localidades marginadas enfrentan deficiencias en protocolos de protección y respuesta inmediata. Activistas destacaron que las acciones preventivas implementadas hasta ahora no han logrado reducir la incidencia de violencia de género ni atender de manera integral factores como embarazo adolescente, violencia familiar y acceso limitado a servicios de apoyo psicológico y legal.
La percepción de la ciudadanía y organizaciones civiles coincidieron en que la respuesta institucional ha sido insuficiente, dado que la tasa de esclarecimiento de feminicidios en la entidad apenas alcanza el 39 por ciento, según la FGE, y las medidas de prevención y sensibilización cubren menos del 50 por ciento de los municipios del estado. Frente a este escenario, colectivos exigieron políticas públicas más eficaces y participación activa del Estado, insistiendo en que cualquier estrategia debe priorizar la protección real de las mujeres y niñas.
