Habitantes denunciaron que fondos federales y estatales no generan mejoras tangibles y solicitan revisión por la Auditoría Superior
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Habitantes de diversas colonias y comunidades de Cacahoatán denunciaron que los recursos públicos asignados al municipio durante 2026, que superan los 214 millones de pesos, no se traducen en mejoras visibles en infraestructura ni servicios básicos, mientras que el 18 por ciento de la población aún carece de acceso regular a agua entubada según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que alimenta la desconfianza hacia la administración municipal.
Al recorrer colonias como Barrio Anáhuac, Emiliano Zapata y La Unidad, vecinos señalaron que el alumbrado público permanece insuficiente y el 25 por ciento de las calles no cuenta con pavimentación, cifras que contrastaron con los fondos destinados a mantenimiento urbano, lo que provocó cuestionamientos sobre la gestión y el destino real de los recursos.
Con base en información de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, se informó que durante el último año se registraron 142 reportes de delitos menores en el municipio, mientras los ciudadanos sienten que la seguridad no mejora y que la atención a sus denuncias es irregular, esto demostró que la opacidad en el manejo de los fondos afecta la capacidad de respuesta ante necesidades prioritarias.
Según datos de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más del 35 por ciento de los hogares de Cacahoatán viven en condiciones de pobreza multidimensional, lo que se traduce en la falta de drenaje, insuficiencia en servicios médicos y limitada infraestructura educativa; estas cifras, unidas a la poca transparencia en el uso de recursos, generaron alarma en la población que exige auditorías rigurosas.
Vecinos insistieron en que, ante la ausencia de información clara sobre el manejo de los 214 millones de pesos, se debería garantizar que cada peso llegue a obras y programas efectivos, puesto que, consideraron, solo el 62 por ciento de los habitantes reportó satisfacción con los servicios públicos actuales, y que cualquier revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado o de la Federación se convertiría en un paso concreto para restaurar la confianza ciudadana.
