Dicha actividad debilita los ingresos públicos y altera la competencia energética
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En la ribera del río Suchiate el combustible se ha convertido en una mercancía que cruza la frontera con la misma naturalidad con la que lo hacen las balsas que transportan mercancías entre México y Guatemala. Para muchos pobladores el traslado de gasolina representa una forma de ingreso rápido, pero detrás de ese movimiento cotidiano se esconde un problema fiscal que, de acuerdo con estimaciones conservadoras, puede generar pérdidas cercanas a 96 millones de pesos anuales en la franja fronteriza del sur del país.
La lógica económica que alimenta este flujo irregular parte de una diferencia en el precio del combustible. Mientras en Guatemala el litro de gasolina puede encontrarse alrededor de 16 pesos, en Chiapas el mismo producto se vende entre 24 y 25 pesos, una brecha que convierte cada traslado en una oportunidad de ganancia para quienes participan en este circuito informal.
A pocos kilómetros de ese punto de cruce se encuentra uno de los corredores energéticos más activos de la región. Entre Suchiate y Tapachula, en un tramo de 50 kilómetros, operan cerca de 50 estaciones de servicio formales, negocios que dependen de inventarios regulados y compras registradas ante proveedores y autoridades fiscales, un sistema que debería permitir identificar anomalías cuando las ventas no coinciden con el volumen adquirido.
El problema, sin embargo, no se limita a esa franja geográfica, dado que el mercado energético mexicano es amplio como para diluir irregularidades si no existen controles eficaces. El país cuenta con más de 13 mil estaciones de servicio registradas y un consumo que supera 700 mil barriles diarios de gasolina, una magnitud que complica el monitoreo del combustible que se comercializa en cada región.
Bajo esa dimensión del mercado energético, el flujo irregular que cruza la frontera sur adquirió un peso mayor dentro de la recaudación nacional. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el huachicol fiscal provoca pérdidas superiores a 20 mil millones de pesos al año, y en ese mapa de evasión también aparece el combustible que ingresa por el río Suchiate, donde cálculos locales apuntaron a 800 mil litros mensuales que se mueven fuera de los registros oficiales.
