La falta de campañas adaptadas a lenguas locales y la escasa difusión de derechos dificultan que las víctimas accedan a apoyo legal
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El escenario de violencia infantil en Chiapas se intensifica mientras las organizaciones y autoridades buscan maneras de intervenir en 24 municipios declarados en alerta roja, donde el abuso sexual contra niñas y niños se mantiene como un fenómeno recurrente y profundo que atraviesa tanto zonas urbanas como comunidades indígenas, datos recientes indicaron que el 18 por ciento de las niñas entre 12 y 17 años ha reportado algún tipo de abuso sexual según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2022, una cifra que advirtió sobre la urgencia de estrategias efectivas de prevención y protección
La respuesta institucional se enfrenta a múltiples obstáculos mientras la Fiscalía General del Estado reportó que durante 2025 se abrieron mil 246 carpetas de investigación por abuso sexual infantil, con más del 60 por ciento de los casos concentrados en municipios indígenas, una situación que mostró tanto la densidad poblacional vulnerable como la dificultad de garantizar seguimiento legal y protección constante para las víctimas.
Aunque se han implementado talleres de prevención y capacitación en cabeceras municipales, muchas comunidades rurales permanecen aisladas y sin acceso adecuado a mecanismos de protección, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 27 por ciento de los hogares en estas zonas carece de servicios legales o asistencia especializada, lo que generó un vacío crítico para garantizar los derechos de los menores y limita la capacidad de las autoridades y organizaciones civiles para actuar de manera oportuna
Cuando las víctimas logran ser identificadas, los sistemas de atención muestran limitaciones, dado que solo el 35 por ciento de los menores reciben apoyo psicológico especializado de acuerdo con la Secretaría de Salud de Chiapas 2025, un déficit que deja a la mayoría de los niños y niñas sin acompañamiento para superar el trauma y expone la necesidad de fortalecer programas integrales que combinen justicia, protección y salud mental.
Mientras las leyes se endurecen y el Congreso local ha elevado la pena por cohabitación forzada de menores de dos a hasta 100 años, la prevención sigue siendo parcial y desigual, mientras organizaciones trabajan para acercar información en lenguas locales y guiar a las víctimas en el proceso legal.
