La escasez de jueces en Chiapas se suma al aumento constante de litigios en materias civil, familiar y mercantil
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Aunque el acceso a la justicia depende en gran medida de la capacidad institucional de los tribunales, en Chiapas la limitada presencia de personas juzgadoras ha comenzado a convertirse en un obstáculo estructural para la resolución de conflictos legales. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la entidad registra apenas 2.1 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más bajas del país.
Mientras la población del estado supera los 5.5 millones de habitantes, la disponibilidad de jueces y magistrados no ha crecido al mismo ritmo, lo que genera una brecha entre la demanda de procesos judiciales y la capacidad para atenderlos. A nivel nacional el país cuenta con seis mil 509 personas juzgadoras entre tribunales federales y estatales, una cifra que mostró cómo la distribución territorial del personal judicial sigue siendo un reto para entidades con alta población y recursos institucionales limitados.
A esta situación se suma la carga de asuntos que ingresan cada año al sistema judicial, dado que durante 2024 los tribunales estatales de primera instancia del país recibieron dos millones 326 mil 793 expedientes, lo que incrementa la presión sobre los juzgados con menor número de jueces disponibles. En el caso de la comarca, la escasez de juzgadores implica que cada órgano jurisdiccional deba atender un volumen considerable de asuntos, lo que puede prolongar los tiempos de resolución.
Dentro de los litigios que llegan a los tribunales chiapanecos destaca la materia familiar, que concentra la mayor parte de los casos. En la entidad, más de 60 por ciento de los expedientes ingresados en primera instancia corresponden a conflictos familiares, lo que implica que juzgados civiles y familiares absorban buena parte de la carga judicial relacionada con pensiones alimenticias, custodias y disputas patrimoniales.
Aunque en los últimos años se ha impulsado cambios graduales en la estructura, el sistema aún enfrenta desafíos importantes en materia de cobertura institucional. A nivel nacional nueve de cada 10 personas juzgadoras del ámbito estatal se desempeñan como jueces de primera instancia, mientras la participación de mujeres dentro de estos cargos se mantiene por debajo de 45 por ciento.
