Activistas señalaron que el ayuntamiento no destina vehículos ni personal suficiente para atender casos de violencia
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Debido a la falta de recursos operativos destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia en Suchiate, organizaciones civiles advirtieron que la estrategia estatal para combatir esta problemática enfrenta obstáculos en el ámbito municipal. Señalamientos públicos indicaron que el ayuntamiento encabezado por Elmer de Jesús Vázquez Gallardo no ha dotado al personal del DIF de vehículos ni herramientas básicas para atender denuncias y acompañar a víctimas.
Mientras el Gobierno estatal impulsa acciones institucionales para enfrentar la violencia de género, la aplicación local de estos compromisos muestra vacíos que afectan la atención directa a las víctimas. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalaron que la entidad registró más de siete mil llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar durante 2024, una cifra que evidenció la necesidad de contar con mecanismos municipales funcionales para atender estos casos.
A partir del Decálogo Humanista promovido por Gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado, las autoridades municipales asumieron compromisos para fortalecer la prevención, la atención y la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, representantes de organizaciones civiles detallaron que estos acuerdos requieren respaldo presupuestal y logístico para operar en territorio.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 60 por ciento de las mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, mientras la comarca registra niveles elevados de violencia en el ámbito familiar, situación que demanda coordinación efectiva entre dependencias municipales y estatales para garantizar acompañamiento institucional y acceso a la justicia.
Ante este escenario, activistas puntualizaron que la falta de recursos asignados al DIF municipal limita la capacidad de respuesta frente a denuncias y procesos legales. Registros oficiales del sistema de seguridad pública explicaron que la violencia familiar representa uno de los delitos más denunciados en la región, por lo que especialistas aseveraron que, sin infraestructura, personal capacitado y transporte para el acompañamiento de víctimas, los compromisos institucionales para erradicar la violencia contra las mujeres quedan debilitados en la práctica.
