El proceso forma parte de los mecanismos de fiscalización a obras financiadas con recursos públicos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Dado que la construcción del Centro de Asistencia Social de Villa Comaltitlán quedó bajo revisión federal por presuntas irregularidades administrativas, una revisión impulsada por la Auditoría Superior de la Federación analizó la forma en que se ejecutó la obra durante la administración municipal 2021–2024. El proceso busca determinar si el uso de recursos públicos y los procedimientos de contratación cumplieron con la normativa aplicable para infraestructura social.
Debido a que el inmueble fue diseñado para atender a población migrante en tránsito, su operación mantiene coordinación con el Sistema Nacional DIF, instancia que participa en programas de asistencia social. La relevancia de este tipo de espacios crece si se considera que la Unidad de Política Migratoria registró más de 782 mil eventos de personas en situación migratoria irregular durante 2023 en territorio nacional.
En el contexto de la fiscalización de obra pública municipal, informes de la Secretaría de la Función Pública señalaron que auditorías a dependencias y gobiernos locales han acumulado observaciones por más de 68 mil millones de pesos. Este tipo de revisiones tiene como objetivo corregir fallas administrativas que pueden afectar la funcionalidad de instalaciones destinadas a programas sociales.
A partir de la actual administración municipal, autoridades locales indicaron que el centro ha sido abastecido con medicamentos y suministros para mantenerlo operativo ante la posible llegada de personas migrantes. La dimensión del fenómeno migratorio en México se explicó también por los más de 2.4 millones de encuentros con personas extranjeras reportados en 2023 por organismos internacionales especializados en movilidad humana.
En medio del seguimiento federal al proyecto, especialistas en gestión pública advirtieron que la supervisión de infraestructura social resultó clave para evitar que edificios financiados con recursos públicos terminen subutilizados. Reportes recientes de la propia Auditoría Superior de la Federación indicaron que cerca del 30 por ciento de las auditorías a proyectos municipales detectan inconsistencias administrativas relacionadas con contratación o ejecución de obra.
