Deberá discutirse por segunda vez para ser sancionada, luego de que EE. UU. otorgara licencias para su explotación
PORTAVOZ/AGENCIAS
El Parlamento de Venezuela aprobó el proyecto de una ley de minas que busca aumentar las garantías jurídicas para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional.
La ley deberá discutirse por segunda vez para ser definitivamente sancionada, luego de que Estados Unidos emitiera una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano a cargo de empresas estadounidenses.
El proyecto de ley, que consta de 19 capítulos y 126 artículos, está conformado por “criterios técnicos” con una estructura acorde a “nuevas necesidades”, según dijo el diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó el proyecto de forma genérica ante la plenaria.
Asimismo, prosiguió, se busca que esta ley “pueda ayudar a aumentar todas las garantías jurídicas” para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional.
CONSULTA PÚBLICA
Además, busca fortalecer el rol el Ministerio Minero, cuyas funciones, dijo el diputado, se precisan en la ley para “regular, dirigir y organizar” toda la actividad del sector, que consiste en la “exploración, explotación, producción, arranque y acarreo de todos los minerales”.
La propuesta se discutirá artículo por artículo en un segundo debate, después de ser sometida a consulta pública con sectores de la sociedad civil.
El viernes, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.
La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno chavista o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).
La emisión de esta licencia se dio días después de la reunión en Caracas entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.
