La Presidencia municipal y la sindicatura enfrentan denuncias ante la ASF y autoridades estatales por presunto manejo indebido de fondos públicos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Las denuncias presentadas ante autoridades estatales y federales señalaron irregularidades en el manejo de recursos públicos en Suchiate, donde se vieron involucrados el edil Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, la síndica municipal Claudia Reyna González, la presidenta del DIF Liliana Rodas Villatoro, la directora Araceli Ordóñez Veliz y el secretario particular Juan Ubaldo Rodas Villatoro, quienes habrían permitido o ejecutado el uso discrecional de fondos destinados a programas sociales.
De acuerdo con testimonios de exempleados, los recursos del DIF habrían sido transferidos a cuentas personales para cubrir gastos en tiendas departamentales, restaurantes y servicios privados, lo que exhibió presuntas prácticas de peculado y nepotismo, además de una gestión opaca que dificulta la fiscalización del presupuesto.
El alcance de estas irregularidades podría afectar a cerca de 18 mil personas, si se considera que Suchiate tiene alrededor de 30 mil habitantes y más del 60 por ciento de los hogares dependen de apoyos gestionados por el DIF, como asistencia alimentaria, educativa y sanitaria, según reportes de la Secretaría de Bienestar y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.
Las investigaciones señalaron la colocación de familiares y allegados en puestos estratégicos sin perfiles adecuados, lo que incrementó la discrecionalidad en la asignación de recursos y generó riesgos de desvío, mientras estadísticas oficiales indicaron que el 72 por ciento de los municipios chiapanecos presentan irregularidades en el manejo de recursos federales destinados a programas sociales, según la Auditoría Superior de la Federación.
Ante este contexto, la falta de controles y rendición de cuentas causó alarma en la ciudadanía, en particular porque los programas sociales administrados por el DIF representan un apoyo vital; informes oficiales de la Secretaría de Finanzas de la comarca señalaron que en 2025 se detectaron inconsistencias por más de 12 millones de pesos en transferencias de recursos destinados a asistencia social, lo que reforzó la urgencia de acciones correctivas inmediatas.
