Autoridades recordaron que la denuncia formal permite activar mecanismos legales para castigar agresiones cibernéticas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
A medida que las redes sociales se consolidan como espacios de debate público, especialistas y autoridades advirtieron que la difusión de contenidos ofensivos o denigrantes contra mujeres, en especial aquellas que participan en la vida pública, puede constituir una forma de violencia sancionada por la ley, razón por la cual la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes se vuelve un paso indispensable para frenar estas prácticas.
Debido a que la circulación de mensajes en plataformas digitales tiene un alcance masivo, instituciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres señalaron que publicaciones con estereotipos de género, ataques personales o información privada buscan desacreditar la trayectoria de funcionarias y figuras públicas, esto adquiere mayor relevancia en un país donde más de 97.7 millones de personas utilizan Internet según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Dentro del marco legal mexicano existen herramientas para atender estas agresiones, dado que normativas como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecieron sanciones administrativas y penales para quienes difundan contenido íntimo sin consentimiento, campañas de desprestigio o publicaciones falsas con intención de desacreditar la carrera pública de una mujer, medidas que forman parte de las políticas impulsadas por la Secretaría de Gobernación.
Al considerar el impacto que este tipo de agresiones puede tener en la vida pública, las autoridades electorales mantienen mecanismos de seguimiento para sancionar estas conductas, lo que ha derivado en la inscripción de más de tres mil personas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género administrado por el Instituto Nacional Electoral, una herramienta que busca inhibir prácticas que dañen la participación de las mujeres en espacios de decisión.
Ante este panorama, especialistas insistieron en que la denuncia formal permite activar los procedimientos legales necesarios para sancionar a los responsables, sobre todo si se considera que más del 66 por ciento de las mujeres en México ha enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que evidenció la dimensión estructural de un problema que también se manifiesta en el entorno digital.
