La riqueza hídrica y los suelos fértiles convierten a estos espacio en un recurso estratégico para el campo
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Mientras han pasado más de tres décadas desde el levantamiento de Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, más de 42 mil hectáreas en la región Selva de Chiapas continúan atrapadas en un conflicto de propiedad que ha detenido cualquier proyecto formal de desarrollo productivo. Estas tierras se distribuyen entre los municipios de Las Margaritas, Chiapas, Ocosingo, Chiapas y Altamirano, Chiapas, territorios atravesados por afluentes estratégicos como el Río Usumacinta y el Río Tzaconejá, cuya disponibilidad de agua ha mantenido vigente el interés por su potencial agrícola y pecuario.
Aunque los terrenos han sido ocupados y trabajados por bases comunitarias vinculadas al movimiento zapatista desde el conflicto armado, la ausencia de certeza jurídica ha impedido que programas de inversión pública y financiamiento productivo lleguen a la zona. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicaron que más del 61 por ciento de la población ocupada en la región depende de actividades primarias o informales vinculadas al campo, lo que vuelve sensible cualquier territorio que permanezca fuera de esquemas legales de producción.
Debido a que el litigio por la propiedad se mantiene activo en instancias federales, antiguos propietarios esperan una resolución que permita definir indemnizaciones económicas. Cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera señalaron que la comarca dispone de más de 3.2 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, aunque una parte importante permanece subutilizada por conflictos agrarios o falta de infraestructura, situación que limita el crecimiento productivo en regiones rurales.
En caso de concretarse un fallo judicial, especialistas en desarrollo rural consideraron viable impulsar proyectos agrícolas de gran escala en la zona. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la entidad aportó alrededor del 36 por ciento de la producción nacional de café y mantiene presencia relevante en cultivos como maíz y frijol, por lo que la incorporación de nuevas superficies irrigadas podría fortalecer la capacidad alimentaria regional.
Aunque el conflicto agrario se originó en el contexto político y social de los años 90, su resolución podría abrir una etapa distinta para una región marcada por rezagos estructurales. El panorama se mantiene vigente y la discusión sobre el aprovechamiento productivo de territorios fértiles que durante décadas han permanecido al margen de políticas de desarrollo continua.
