Las desapariciones se concentraron en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá y Ocosingo, lo que afirmó un patrón que preocupa a autoridades
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Entre enero y marzo de 2026, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General del Estado han documentado la desaparición de 23 menores en distintos municipios de Chiapas, lo que evidenció una preocupación creciente por la seguridad infantil en la entidad, en especial si se consideró que 65 por ciento de los casos correspondió a adolescentes de 14 a 19 años, un grupo vulnerable ante situaciones de riesgo. Las cifras confirmaron que la violencia, la falta de acompañamiento y la ausencia de protocolos preventivos aún impactan a la población joven.
Mientras los esfuerzos de búsqueda continúan activos, 11 de los menores han sido localizados, aunque 12 permanecen sin aparecer, manteniendo abiertas diversas fichas de búsqueda en municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá y Ocosingo. El 30 por ciento de estos casos ocurrió en zonas urbanas y el 35 por ciento en áreas rurales, lo que exhibió la dispersión geográfica y la complejidad de los operativos de búsqueda en distintos contextos.
Las autoridades locales han destacado que el 80 por ciento de los incidentes ocurrió fuera de los horarios escolares, por lo tanto, existe una necesidad de reforzar la vigilancia en espacios públicos y el acompañamiento de los menores en trayectos cotidianos. La coordinación entre instituciones, así como la sensibilización de familias y comunidades, es crucial para reducir estos índices y garantizar un entorno más seguro para los jóvenes.
El seguimiento a los casos localizados indicó que el 70 por ciento de los menores presentaban signos de fatiga o desorientación, un reflejo de los riesgos que enfrentan durante su ausencia y del impacto psicológico que la desaparición genera. Especialistas en derechos de la infancia subrayaron que la atención inmediata y la protección legal son fundamentales, mientras que la participación comunitaria se vuelve un elemento estratégico para evitar nuevos incidentes.
Las organizaciones civiles insistieron en que la prevención debe ser una prioridad, al reforzar programas educativos, rutas seguras y alertas tempranas, además de fortalecer la coordinación interinstitucional. Las autoridades han llamado a la sociedad a mantener una vigilancia activa y a reportar cualquier información que pueda ayudar a localizar a los menores, mientras se busca consolidar un sistema de protección más efectivo y confiable en toda la región.
