Gilberto de los Santos Cruz
El 18 de marzo de 1938 es una de las fechas más significativas en la historia contemporánea de México. Ese día, el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció al país y al mundo el decreto mediante el cual el Estado mexicano nacionalizaba la industria petrolera, hasta entonces en manos de compañías extranjeras. Esta decisión, tomada en un contexto internacional complejo y frente a fuertes presiones económicas y políticas, marcó un antes y un después en la construcción de la soberanía nacional, la justicia social y el desarrollo económico del país.
La medida no fue improvisada. Durante años, los trabajadores petroleros mexicanos habían denunciado condiciones laborales injustas y la negativa de las empresas extranjeras a cumplir resoluciones legales que ordenaban mejoras salariales y prestaciones. Ante la negativa empresarial de acatar los fallos de la Suprema Corte, el Gobierno federal decidió actuar en defensa de los derechos laborales y del interés nacional. Así, mediante el histórico decreto, el petróleo recurso estratégico del subsuelo mexicano pasó a ser propiedad de la nación, tal como lo establece el artículo 27 constitucional.
Pocos meses después se creó Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa pública encargada de la exploración, extracción, refinación y distribución del hidrocarburo. Con ello, México no solo recuperó el control de una de sus principales riquezas naturales, sino que también sentó las bases para un modelo de desarrollo industrial financiado en gran medida por los ingresos petroleros durante décadas.
UN IMPULSO DECISIVO PARA EL DESARROLLO NACIONAL
La expropiación petrolera permitió a México invertir en infraestructura, educación, salud y programas sociales. Los recursos derivados del petróleo se convirtieron en una fuente clave para la construcción de carreteras, presas, hospitales, escuelas y sistemas eléctricos que modernizaron al país a lo largo del siglo XX. Asimismo, fortaleció la capacidad del Estado para planificar el crecimiento económico y reducir la dependencia de intereses extranjeros en un sector estratégico.
Más allá de lo económico, el acontecimiento tuvo un profundo significado simbólico. Representó la afirmación de la soberanía nacional y la dignidad de un país que decidió ejercer plenamente sus derechos sobre sus recursos naturales. La respuesta popular fue extraordinaria: ciudadanos de todas las clases sociales realizaron colectas para apoyar al Gobierno en el pago de indemnizaciones a las empresas afectadas. Mujeres entregaron joyas, campesinos aportaron animales y obreros donaron parte de sus salarios. Fue, en esencia, un acto de unidad nacional pocas veces visto.
La decisión también posicionó a México como un referente internacional en la defensa de los recursos naturales frente a intereses corporativos. En una época marcada por el colonialismo económico, la expropiación demostró que un país en desarrollo podía tomar decisiones soberanas y sostenerlas con respaldo popular.
IMPACTO Y BENEFICIOS PARA CHIAPAS
Aunque Chiapas no ha sido históricamente el principal productor petrolero del país, la expropiación también tuvo efectos significativos en la entidad. Los recursos generados por la industria petrolera nacional permitieron financiar proyectos de infraestructura que contribuyeron a integrar al estado al resto del país. Carreteras, electrificación rural y obras hidráulicas que llegaron a comunidades apartadas fueron posibles gracias, en buena medida, a los ingresos petroleros.
Con el paso de los años, Chiapas sí se convirtió en una región productora, particularmente en la zona norte del estado, donde se desarrollaron campos petroleros que generaron empleo y actividad económica. Municipios como Reforma y Pichucalco experimentaron transformaciones importantes derivadas de la presencia de la industria petrolera. La llegada de trabajadores, servicios y comercio impulsó el crecimiento urbano y la creación de nuevas oportunidades económicas.
Asimismo, los recursos federales provenientes del petróleo han contribuido al financiamiento de programas sociales, educativos y de salud en la entidad. Escuelas, clínicas y caminos rurales han sido parte del legado indirecto de aquella decisión histórica de 1938. Para un estado con altos índices de marginación, estas inversiones han representado avances significativos en calidad de vida y acceso a servicios básicos.
UN LEGADO VIGENTE
A más de ocho décadas de distancia, la expropiación petrolera sigue siendo un símbolo de unidad, justicia social y defensa del interés nacional. Aunque el sector energético ha cambiado con el tiempo y enfrenta nuevos desafíos tecnológicos, ambientales y económicos, el principio fundamental permanece: los recursos naturales deben servir al bienestar del pueblo.
La figura de Lázaro Cárdenas del Río permanece asociada a un liderazgo cercano a la gente, firme ante las presiones externas y comprometido con los sectores más vulnerables. Su decisión no solo resolvió un conflicto laboral, sino que redefinió la relación del Estado mexicano con sus recursos estratégicos.
Cada 18 de marzo, México recuerda este episodio como una muestra de que la voluntad política, respaldada por el pueblo, puede transformar el destino de una nación. En Chiapas, donde aún persisten retos de desarrollo, el legado de la expropiación petrolera invita a reflexionar sobre la importancia de aprovechar responsablemente los recursos naturales para generar bienestar, reducir desigualdades y construir un futuro más justo.
Hoy, al conmemorar esta fecha histórica, se reconoce no solo un acto jurídico o económico, sino una decisión profundamente patriótica que reafirmó la soberanía de México y sentó bases para su desarrollo moderno. La expropiación petrolera de 1938 continúa siendo un recordatorio de que los grandes cambios nacionales surgen cuando el interés colectivo se coloca por encima de cualquier otro.
Porque el petróleo no solo encendió motores: también encendió la esperanza de un país dueño de su propio destino.
