Empresarios y pobladores acusaron abandono en atención básica y respuesta institucional
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
A partir de las denuncias de ciudadanos y sectores productivos, el funcionamiento de los servicios públicos en Cacahoatán ha quedado bajo cuestionamiento, al evidenciarse fallas que impactan en la atención de emergencias y en la seguridad cotidiana. La falta de respuesta institucional ha colocado a la población en una situación donde resolver lo urgente depende más de recursos propios que de la acción gubernamental.
En el ámbito de salud, la inoperatividad de la ambulancia municipal ha obligado a familias a improvisar traslados en vehículos particulares hacia hospitales de Tapachula, lo que incrementó riesgos en situaciones críticas. Esta condición expuso un problema mayor relacionado con la cobertura de servicios médicos, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indicaron que más del 30 por ciento de la población en Chiapas carece de acceso a servicios de salud.
En materia de seguridad, la limitada capacidad operativa de la policía municipal se traduce en una vigilancia insuficiente, en especial durante las noches, cuando la presencia de elementos se reduce de forma considerable. A nivel estatal, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicaron a la comarca con una tasa superior a mil 500 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que confirmó la necesidad de fortalecer las acciones preventivas en municipios con menor infraestructura.
La precariedad en equipamiento también se insertó en un contexto más amplio de rezago en servicios básicos, puestoque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que más del 40 por ciento de los hogares en la regiónpresenta carencias en al menos un servicio esencial. Esta condición se agrava en municipios con menor capacidad administrativa, donde la atención a la población depende de recursos limitados y, en ocasiones, de decisiones operativas deficientes.
Frente a este escenario, organismos empresariales y ciudadanos han solicitado la intervención de fuerzas federales, al considerar que la respuesta local resulta insuficiente. A ello se suma que, según el propio Inegi, más del 60 por ciento de la población en la entidad percibió inseguridad en su entorno, lo que refrendó la exigencia de replantear la gestión de los servicios públicos en Cacahoatán.
