Sin caminos ni servicios básicos, miles de familias enfrentan barreras para acceder a derechos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, al menos 12 municipios continúan atrapados en condiciones de rezago que limitan el acceso a servicios básicos, salud y conectividad, en especial en comunidades de pueblos originarios donde la infraestructura sigue siendo insuficiente. La carencia de agua potable, energía eléctrica y caminos transitables no solo complica la vida diaria, también restringe el acceso a derechos fundamentales como la atención médica.
Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad sostuvieron que existe un abasto superior al 93 por ciento en unidades médicas de primer y segundo nivel, incluso en zonas rurales. Sin embargo, la cobertura institucional contrastó con la realidad territorial, donde el 84.6 por ciento de la población en la entidad presenta carencia por acceso a servicios de salud, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), lo que evidenció que la disponibilidad no siempre se traduce en atención efectiva.
El contexto social reforzó esta brecha estructural, puesto que en 2024 cerca de dos millones de personas vivían en pobreza moderada. A estas condiciones se suma que el 67 por ciento de la población presentó carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, lo que incluye agua, drenaje y electricidad, según mediciones oficiales del Coneval.
Municipios como San Juan Cancuc, Chalchihuitán y Chenalhó concentraron niveles de pobreza que superaron el 97 por ciento, lo que convirtió a estas regiones en focos críticos de exclusión social. En estos territorios, la falta de infraestructura se agravó con el aislamiento, puesto que más del 30 por ciento de las localidades en la comarca se encuentran en zonas rurales dispersas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que dificulta la instalación de servicios y el acceso a clínicas u hospitales.
La precariedad económica también limitó la capacidad de las familias para enfrentar estas condiciones, puesto que para 2025 el 62 por ciento de la población no puede adquirir la canasta básica con sus ingresos, según el Coneval. A este panorama se sumó que más del 70 por ciento de la población ocupada en la región labora en condiciones de informalidad, lo que reduce el acceso a seguridad social y servicios médicos, esto confirmó que el rezago de estos municipios es una estructura que mantiene restringido el desarrollo.
