El Congreso recibió una iniciativa mientras cifras de desterrados, intolerancia y desastres superan las 15 mil personas en últimos años
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
FOTOS: ALEJANDRO LÓPEZ
En Los Altos de Chiapas, el silencio que dejaron las familias que huyeron es más elocuente que cualquier estadística. Casas con puertas entreabiertas, cosechas abandonadas y templos vacíos son el paisaje recurrente en un estado donde el desplazamiento interno forzado se ha convertido en una crisis humanitaria multidimensional que afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas, niñas, niños y comunidades enteras.
Ayer miércoles 18 de marzo, el Congreso del Estado recibió una iniciativa de Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, enviada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. El proyecto, que consta de 82 artículos y nueve transitorios, busca establecer una política pública integral con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y estándares internacionales para la protección de las personas desplazadas
La propuesta legislativa llega en un momento crítico. Según el informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal” del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), al menos 15 mil 928 personas han sido desplazadas por la violencia en la entidad. Cifras más recientes de la misma organización elevan el número a aproximadamente 15 mil 780 personas entre enero de 2023 y junio de 2024, originarias de municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Chenalhó, Tila y Bella Vista, entre otros.
EL MAPA DE LA EXCLUSIÓN: VIOLENCIA CRIMINAL Y CONTROL TERRITORIAL
La disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa por el control de la franja fronteriza con Guatemala ha convertido a varios municipios en campos de batalla. Tila, municipio indígena chol que según el INEGI tenía nueve mil 609 habitantes en 2020, ha visto desplazadas a seis mil 500 personas, lo que representa una tasa del 7.8 por ciento de su población. El 10 de junio de 2024 se registró allí un éxodo masivo.
Chicomuselo presenta una situación aún más dramática: cuatro mil 40 personas desplazadas, equivalentes al 11 por ciento de sus habitantes, con eventos violentos documentados el 26 de mayo y 5 de agosto de 2023, así como el 4 y 14 de enero de 2024. Le siguen Frontera Comalapa con tres mil 500 desplazados, Bella Vista con 650 y Chenalhó con 553.
El informe “Travesías forzadas: desplazamiento interno en México 2024”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, revela que Chiapas concentra el 61.8 por ciento del total de personas desplazadas en el país, con un incremento nacional del 129 por ciento respecto a 2023. Se documentaron aproximadamente 28 mil 900 personas desplazadas en México durante 2024, de las cuales la mayoría corresponden a Chiapas.
La investigación académica de América Alejandra Navarro López, presentada en la Conferencia CLACSO 2025, advierte que el desplazamiento forzado interno en Chiapas tiene raíces históricas que se remontan a la década de 1970, cuando sectores de comunidades indígenas católicas no tradicionalistas y evangélicas fueron expulsados de municipios de Los Altos. El fenómeno se ha intensificado hasta 2024 con los desplazamientos registrados en la franja fronteriza, consecuencia de la disputa territorial entre cárteles en medio de un militarismo y paramilitarismo que desde 1994 no ha cesado.
INTOLERANCIA RELIGIOSA: EL PRIMER LUGAR NACIONAL
Chiapas ocupa el primer lugar en México por desplazamiento forzado debido a intolerancia religiosa, según la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, mientras que Oaxaca ocupa el segundo sitio. Arturo Manuel Díaz León, director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, reconoce que la intolerancia religiosa es un problema grave en el país, particularmente en Chiapas, donde el sincretismo entre la religión católica y las costumbres tradicionales genera conflictos cuando personas adoptan otras creencias.
“Muchos grupos indígenas los corren, les dicen ‘no eres como nosotros, ya no participas en las fiestas patronales, vete de aquí'”, explicó el funcionario, aunque admitió no tener cifras exactas de los desplazados por esta causa. El investigador Ramón Martínez Coria documenta que, durante los años 80, miles de familias tsotsiles y tseltales fueron expulsadas de Los Altos por su adscripción a iglesias evangélicas protestantes, en municipios donde las mayorías católicas tradicionales articulan sus sistemas normativos a las fiestas y cargos religiosos.
NIÑEZ DESPLAZADA: EL ROSTRO MÁS VULNERABLE
El impacto del desplazamiento en niñas, niños y adolescentes es particularmente severo. Hanna Monsiváis Lehne, jefa de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Chiapas, ha señalado la urgencia de incrementar la prevención y respuesta ante eventos que obligan a la movilidad humana para garantizar la seguridad de la infancia.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que en Chiapas hay siete mil 163 personas desaparecidas, de las cuales cerca de mil 997 son adolescentes entre 15 y 19 años (mil 492 mujeres y 485 hombres) y mil 735 son infantes de cero a 14 años (mil 91 niñas y 644 niños). A partir de 2006 se observó un aumento en las desapariciones de mujeres, superando la cifra de hombres, siendo la edad más frecuente de desaparición los 15 años.
La nueva iniciativa de ley enviada al Congreso establece explícitamente la protección del interés superior de la niñez, con garantías de acceso a alimentos, seguridad, protección, servicios médicos y educación. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que la magnitud del problema rebasa con mucho las capacidades institucionales actuales.
DESASTRES SOCIOAMBIENTALES Y CRISIS CLIMÁTICA
La combinación de cambio climático y degradación ambiental está transformando a Chiapas en un foco de desplazamiento interno forzado, afectando principalmente a comunidades indígenas y rurales. Según especialistas y organismos internacionales, la entidad es una de las más vulnerables del país a los efectos climáticos.
El huracán Stan en 2005 provocó uno de los mayores desplazamientos internos en la historia del estado, con la reubicación de poblaciones enteras a nuevos asentamientos. La memoria colectiva chiapaneca guarda también referencia a los reasentamientos impuestos por la construcción de las presas hidroeléctricas de Chicoasén, Malpaso y La Angostura, así como por la erupción del Volcán Chichonal en 1982, que implicó el traslado de gran parte de la población zoque del municipio de Francisco León a la Selva Lacandona.
Juan Carlos Franco, presidente de la ONG ambientalista Cecropia, advirtió que los modelos climáticos indican que en 70 años la entidad podría experimentar hasta un 15 por ciento menos de lluvia anual, lo que agravará la presión sobre las comunidades rurales.
TERRITORIALIDADES INDÍGENAS EN DISPUTA
El despojo territorial contra los pueblos indígenas y las múltiples violencias que obligan a las personas a abandonar sus hogares tienen como principales causantes a integrantes de grupos de la delincuencia organizada, en disputas por el territorio, estructuras de poder político y diversas economías legales e ilegales. En regiones agrícolas, los grupos delictivos imponen cultivos ilegales, cobran cuotas a productores legítimos y extienden su control a tierras ejidales y comunales, que representan más de la mitad del territorio nacional.
MUJERES: VIOLENCIA ESPECÍFICA EN CONTEXTOS DE DESPLAZAMIENTO
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas advierte que el desplazamiento forzado transforma las relaciones de género y las dinámicas familiares. Las mujeres desplazadas pueden enfrentar restricciones de servicios de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como violencia sexual en campamentos o albergues. Los riesgos de violencia sexual provocan que ellas se mantengan en la esfera privada o dependan de terceros, afectando su autonomía para movilizarse.
La organización documenta también la fabricación de culpables y detención arbitraria de mujeres, muchas veces detenidas junto a sus parejas sin orden de aprehensión, bajo figuras de “flagrancia” que ocultan detenciones arbitrarias, con abusos sexuales cometidos por autoridades.
INICIATIVA LEGISLATIVA: ENTRE LA ESPERANZA Y LA HISTORIA
La ley propuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar crea el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, responsable de su aplicación, así como figuras como el Plan de Emergencia y el Plan de Atención. Establece el Registro Estatal de Personas Desplazadas para identificar necesidades, aplicar soluciones duraderas y la reparación del daño. Se prevé la reintegración, el retorno, la reubicación y la reparación del daño
Sin embargo, Chiapas ya cuenta con una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno Forzado desde febrero de 2012, diseñada con los más altos estándares internacionales basados en los Principios Rectores de la ONU. El principal problema, según advierte la investigación académica, ha sido su falta de aplicación a plenitud. Los episodios de desplazamiento forzado continúan sin consecuencias para quienes los fomentan, y la atención gubernamental es insuficiente, lo que torna la ley en un instrumento débil.
El informe de la Universidad Iberoamericana señala que el fenómeno del desplazamiento forzado sigue siendo invisibilizado por el Estado mexicano debido a la ausencia de cifras oficiales, la falta de una legislación nacional y la fragmentación institucional. Si bien existen leyes estatales en Chiapas (2012), Guerrero (2014), Sinaloa (2020) y Zacatecas (2022), estas no han logrado contener la violencia ni establecer mecanismos eficaces de atención y registro.
LOS PUEBLOS QUE SE APAGAN
En Tila, los mercados están cerrados, los templos vacíos y las comunidades desplazadas no se atreven a regresar. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denuncia la profundización de la ineficacia de las autoridades para abordar la situación y critica el “negacionismo” del Gobierno anterior y la “parafernalia” mediática del actual, señalando la falta de acciones concretas para resolver los conflictos de raíz.
La nueva iniciativa legislativa establece que los ayuntamientos deberán implementar la atención de emergencia en los municipios donde se genere el desplazamiento, Define también que la presencia de personas en un inmueble durante un periodo de seis meses será considerada para fijar su residencia, tomando en cuenta el vínculo social, económico, cultural y político con la comunidad
En la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, presidida por la diputada de Morena por Pichucalco, Alejandra Gómez Mendoza, no hubo posturas en contra, la iniciativa deberá ahora ser analizada en comisiones.
Mientras tanto, en las comunidades de la Sierra, la Selva y la Frontera, miles de familias esperan que esta vez la ley no sea letra muerta. Que el registro prometido no se convierta en un censo del olvido. Que la reparación del daño alcance para reconstruir no solo casas, sino territorios simbólicos y culturales devastados por décadas de violencia, intolerancia y abandono.
Las 15 mil 928 personas documentadas por el Frayba, el 61.8 por ciento del desplazamiento nacional que señala la Ibero, los pueblos fantasmas que describe el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, son la evidencia de que Chiapas enfrenta no una crisis humanitaria emergente, sino una tragedia histórica que las instituciones están obligadas a resolver.
La iniciativa del gobernador Ramírez Aguilar, presentada este 18 de marzo, es un reconocimiento oficial de que el problema existe. Falta por ver si, a diferencia de 2012, esta vez habrá voluntad política para aplicarla, recursos para sostenerla y memoria para no repetir los errores del pasado.
