Se admitió la reforma que elimina la prohibición de “penas perpetuas” para “homicidas, violadores y terroristas”
PORTAVOZ/AGENCIAS
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció su guerra contra las pandillas con una reforma constitucional para castigar con prisión perpetua a “homicidas, violadores y terroristas”, en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
Bukele, con poderes casi absolutos, presentó su iniciativa al Congreso días después de que varias oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su política contra la delincuencia, que varios países latinoamericanos buscan emular.
“La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, indicó el texto aprobado por 59 de los 60 diputados, apenas horas después de ser radicado.
La enmienda elimina la prohibición de “penas perpetuas”. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.
Con ello se busca que los criminales “no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre”, dijo Suecy Callejas, vicepresidenta parlamentaria.
Al presentar la iniciativa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, en referencia a los pandilleros.
La reforma fue adoptada a pocos días de que se cumplan cuatro años de un régimen de excepción que ha dejado 91 mil 500 detenidos sin orden judicial, acusados de ser miembros o cómplices de las pandillas.
“POZOS HUMANOS”
Bukele no cree en la reinserción social de los pandilleros. “Es un delito continuado, las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte”, subrayó una declaración de la Presidencia.
Según el World Prison Brief (WPB), con unos mil 700 prisioneros por cada 100 mil habitantes, este pequeño país centroamericano tiene la mayor población carcelaria del mundo.
El estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo a mínimos históricos los homicidios, pero que es señalado de graves violaciones a los derechos humanos.
La agrupación humanitaria Socorro Jurídico asegura que unos 500 presos han muerto bajo ese régimen, sin juicio, y que 94 por ciento de ellos “no tenían perfil de pandilleros”.
En el marco del estado de excepción también se desarrollan juicios masivos, en los cuales los presos son agrupados según su supuesta pertenencia a una célula pandillera.
El Gobierno sostiene que allí las penas se determinan de acuerdo con el grado de responsabilidad, pero de momento no está claro si la reforma será retroactiva o qué impacto tendrá en esos procesos.
“Los centros penales se van a convertir en pozos humanos”, dijo a la AFP la abogada penalista Roxana Cardona, quien advirtió que esto puede afectar a inocentes sometidos a esos juicios.
