El anonimato de choferes en el municipio complica investigaciones y deja en indefensión a usuarios
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La exigencia de un padrón oficial de operadores del transporte público en Tapachula y la región del Soconusco surgió como respuesta a la falta de control sobre quién conduce las unidades en circulación. Esta omisión deja en la incertidumbre a usuarios y autoridades cuando ocurre un accidente o una denuncia. En este contexto, el bloque social Izquierda Nacional Ciudadana planteó la urgencia de establecer un registro integral que permita identificar con claridad a cada conductor.
El señalamiento puso en evidencia un vacío institucional que va más allá de la movilidad. Sin un sistema de registro confiable, la trazabilidad de responsabilidades se diluye, lo que abre la puerta a la impunidad. En Chiapas, el transporte público moviliza a miles de personas, pero carece de mecanismos modernos de control, a diferencia de otras entidades donde los operadores deben estar identificados y vinculados a cada unidad y turno.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México se registraron más de 377 mil accidentes de tránsito en 2022, muchos de ellos relacionados con transporte público. Además, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana indicó que siete de cada 10 usuarios consideran inseguro el transporte colectivo. En la comarca, la Secretaría de Movilidad ha reconocido que gran parte de las unidades operan sin controles digitales actualizados, mientras que organizaciones civiles estimaron que al menos el 30 por ciento de los operadores no cuenta con registro formal verificable.
Las denuncias por acoso, conducción imprudente y conflictos entre operadores confirmaron un entorno donde la falta de regulación impacta en la experiencia del usuario. Un padrón no solo permitiría identificar responsables, sino también establecer estándares de comportamiento y evaluación continua, lo que elevaría el nivel de profesionalización en el sector.
La propuesta también expuso a los concesionarios, quienes, al permitir la operación de conductores sin registro, asumen riesgos legales y patrimoniales. En ese sentido, el llamado a las autoridades estatales busca romper con el anonimato que hoy prevalece en el transporte público. Implementar un padrón integral implicaría pasar de la reacción ante incidentes a la prevención basada en control, registro y rendición de cuentas.
