A más de un mes, enfrenta la indiferencia de autoridades mientras busca justicia por un delito que, aunque tipificado, sigue siendo invisible para quienes deben aplicar la ley
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Eran las siete de la noche del 17 de febrero de 2026 cuando la vida de Brenda Karan Robles Nuricumbo, una joven madre de 22 años, se fracturó para siempre. Caminaba con su bebé, Christian Daniel Clemente Robles, de apenas un año, en una carriola por la colonia Villa San Marcos, en el cruce de la Calle República y Las Casas en Tuxtla Gutiérrez. Iba contenta, con la ilusión de buscar un trabajo que le permitiera salir adelante junto a su hijo. Nunca imaginó que minutos después sería víctima de un “levantón” orquestado por sus propios suegros, un hecho que ella describe con la crudeza de quien vivió el horror.
“Una camioneta café de vidrios polarizados, totalmente negros, se detuvo. Lo poco que se miraba era porque todavía soy joven y miro bien. Entonces lo que alcancé a ver fue que mi exsuegra, la señora María Rubí Pérez Gordillo, fue la que se llevó a mi bebé”, relató Brenda con la voz entrecortada, reviviendo el momento en que su hijo era cargado por otra mujer. “Mi bebé cuando ella lo traía cargando, yo miro que mi bebé está volteando a los lados buscándome”.
Lo que siguió no fue solo el robo de su hijo. Brenda fue privada de su libertad y trasladada a un centro de rehabilitación clandestino, un lugar subterráneo y en condiciones infrahumanas donde permaneció siete días, descalza, despeinada y sin poder hablar con nadie. “Era horrible, te tienen en malas condiciones, durmiendo todo el día”, recordó. Su delito, al parecer, era negarse a ser “anexada” y resistirse a que su expareja y su familia le arrebataran a Christian.
Este caso, que ha comenzado a visibilizarse gracias a la movilización de la joven madre, es un ejemplo crudo y desgarrador de lo que se conoce como violencia vicaria, una forma extrema de violencia de género que, aunque reconocida legalmente en Chiapas desde 2024, sigue operando en las sombras de la impunidad.
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA VICARIA Y A QUIÉN PERJUDICA?
La violencia vicaria es un concepto acuñado por la psicóloga española Sonia Vaccaro para describir una modalidad de maltrato en la que el agresor, generalmente el padre o la familia paterna, utiliza a las hijas e hijos como instrumento para dañar y causar un sufrimiento insoportable a la madre. No se trata solo de incumplir régimen de visitas o pensión alimenticia; es una violencia estratégica cuyo objetivo es “borrar” a la madre de la vida de sus propios hijos, atacando su identidad y su voluntad de vivir.
En Chiapas, el Congreso del Estado dio un paso histórico en 2024 al aprobar reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar y sancionar la violencia vicaria. La ley permite castigar la sustracción, ocultamiento o manipulación de menores para agredir a la mujer y busca, en casos extremos, la suspensión de la patria potestad del agresor. Sin embargo, la existencia de la ley en el papel no ha sido suficiente para proteger a mujeres como Brenda.
La violencia vicaria perjudica de manera directa a la madre, a quien se le inflige un dolor psicológico inimaginable, pero también daña gravemente a los menores, que son convertidos en rehenes y víctimas directas de la manipulación y el desarraigo. En el caso de Christian Daniel, un bebé de un año, el daño es la privación del vínculo materno en una etapa crucial de su desarrollo.
“NO ME DAN RESPUESTAS, SIEMPRE ME DICEN LO MISMO”
El testimonio de Brenda ante este medio revela no solo la brutalidad del hecho, sino también la revictimización a la que es sometida por las instituciones encargadas de procurar justicia en Tuxtla Gutiérrez. Desde que logró salir del centro de rehabilitación —sin que hasta ahora se sepa cómo o por qué fue privada de su liberada—, ha interpuesto denuncias y solicitado apoyo a diversas instancias, incluyendo la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el silencio y la burocracia han sido sus únicos acompañantes.
“No me dan respuestas todavía, siempre me dicen lo mismo, siempre me dicen que me van a hablar, que espere la llamada. Nunca recibo una llamada”, denunció la joven madre, visiblemente agotada por la angustia y la incertidumbre.
Brenda no es una mujer sin pruebas. Cuenta con documentos que acreditan su aptitud para cuidar a su hijo, como un antidoping negativo realizado en Salud Digna, el cual fue solicitado por el propio DIF de Tuxtla Gutiérrez durante un proceso de “rescate” anterior. “Puedo pasarlo en PDF sin ningún problema, el antidoping que es original, que es en verde”, afirmó, contrastando su situación con los señalamientos implícitos de que ella podría ser una madre de “riesgo”.
Además, en su expediente existen pruebas contundentes de la violencia que sufrió por parte de su expareja, Carlos Daniel Clemente Gordillo. “Me llegó a pegar embarazada también Carlos, me llegó a pegar embarazada con puñetazos y con cable, o sea, en mi panza… porque quedaron bien marcadas en mis brazos, en mi cara, en mis piernas”, reveló, mostrando la gravedad de un historial de violencia familiar que, al parecer, nunca fue suficiente para activar los protocolos de protección necesarios.
LA PREMEDITACIÓN Y LA RUTA DE LA IMPUNIDAD
Lo que hace aún más grave el caso de Brenda es la evidencia de que el secuestro de su hijo fue un acto meticulosamente planeado. La madre relata que, en noviembre y diciembre del año pasado, María Rubí Pérez Gordillo ya había intentado quitarle a Christian en dos ocasiones. En una de ellas, Brenda tuvo que refugiarse en una tienda y pedir ayuda a gritos para evitar el robo.
La señora incluso la invitó a pasar la Navidad en su domicilio, un lugar que, según Brenda, estaba en construcción apenas unos meses después, cuando se realizó un cateo ordenado por una jueza para localizar al menor. “Se hace un cateo a los pocos días que yo salgo del centro de rehabilitación… y no se encuentra la señora, ni a mi bebé, ni a la señora, nada, todo vacío… Se me hace raro, porque la señora a mí me invitó el 24 de diciembre a pasar con ellos la Navidad, y todavía vivía en ese domicilio.
Ella me dijo: ‘Yo voy a pasar la Navidad en mi casa, la que tú conoces'”, narró Brenda. “Por eso se me hace raro que tan rápido se haya movido, como si ya lo tuviera planeado todo”.
El dato es escalofriante: la familia paterna habría vaciado y abandonado su propio hogar entre diciembre y febrero, previendo que serían buscados. Esto sugiere la existencia de una red de apoyo, recursos económicos y una asesoría que les ha permitido evadir a la justicia.
Brenda señaló directamente a su exsuegra como la poseedora del dinero y el sustento para llevar a cabo el plan, mientras que, del paradero de Carlos Daniel Clemente Gordillo, el padre, se sabe poco. “Según lo último que me dijo la señora fue que lo había anexado. Pero da la casualidad que en enero, una de sus amistades me habló y me dijo que estaba afuera, que estaba en la calle”, comentó Brenda, dejando entrever que el entramado de mentiras es total.
EL VACÍO DE LAS AUTORIDADES Y LA LUCHA DE UNA MADRE
A pesar de que la jueza que le otorgó la custodia de Christian Daniel ordenó el cateo, el operativo resultó infructuoso. La Fiscalía no ha logrado dar con el paradero de la menor o de los presuntos responsables. La desesperación de Brenda la ha llevado a realizar “movimientos” por su cuenta, a visibilizar su caso en redes sociales y medios de comunicación, con la esperanza de que la presión pública haga reaccionar a las autoridades.
“Ya va a ser un mes, ya hizo un mes mi bebé, que no lo tengo conmigo. Ahorita, pues apenas ayer hice un pequeño movimiento para ver si me hacen caso y esperemos que ya encuentre respuestas”, declaró la madre, en un intento por no perder la fe.
El caso de Brenda Karan Robles Nuricumbo encarna la paradoja de la justicia en Chiapas. Por un lado, el estado cuenta con un marco legal avanzado que reconoce la violencia vicaria y una Ley de Víctimas que, en el papel, garantiza asistencia, protección y reparación integral. La ley obliga a las autoridades a realizar una labor de debida diligencia y a presumir la buena fe de la víctima, evitando criminalizarla.
Por otro lado, en la práctica, Brenda se enfrenta a un muro de silencio, a promesas incumplidas y a la incapacidad de las instituciones para encontrar a un bebé de un año que fue arrebatado de los brazos de su madre en plena vía pública.
Organizaciones civiles que han comenzado a seguir el caso señalan que el principal obstáculo es la falta de capacitación y sensibilización de los funcionarios encargados de aplicar la ley. No basta con que la violencia vicaria esté tipificada; se necesitan protocolos de búsqueda inmediata, perspectiva de género en las investigaciones y, sobre todo, voluntad política para frenar estos abusos que suelen quedar impunes bajo el manto de los “conflictos familiares”.
Mientras tanto, Brenda Karan espera. Espera una llamada que nunca llega. Espera que el llanto de su bebé, que aquella noche de febrero buscaba a su madre con la mirada, sea escuchado por alguien en el inmenso y frío edificio de la Fiscalía. “Esperemos ahora sí que ya encuentre respuestas”, repitió, como un mantra, aferrándose a la última esperanza que le queda: que la verdad y la justicia no sean también víctimas de este secuestro.
Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chiapas no han emitido, hasta el cierre de esta edición, ningún informe sobre los avances en la localización de Christian Daniel Clemente Robles ni sobre la situación legal de María Rubí Pérez Gordillo y Carlos Daniel Clemente Gordillo. El caso, que lleva más de 30 días en la impunidad, es un reflejo de la deuda del estado con sus mujeres y sus infancias.
