Sustraer esa información no solo es un intento de obstaculizar procesos judiciales o de acompañamiento, sino un mensaje dirigido a toda la sociedad civil que opera en la frontera sur
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La madrugada del pasado viernes 20 de marzo, la oscuridad no solo cubría la ciudad de Tapachula, sino que se volvió cómplice de un acto que ha conmocionado al tejido social de la frontera sur de México. Alrededor de las 2:00 de la mañana, personas desconocidas ingresaron por la fuerza a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una institución emblemática que por más de 29 años ha sido refugio y voz para las personas en contexto de movilidad. No se trató de un robo común; la precisión del operativo —donde se intervinieron cámaras de seguridad, se revisaron exhaustivamente todas las oficinas y se sustrajeron únicamente equipos de cómputo, teléfonos celulares y documentos— reveló una intencionalidad específica: la de obtener información directa sobre su labor de defensa.
El hallazgo, al inicio de la jornada laboral, dejó al personal del Centro en un estado de consternación que rápidamente se transformó en una denuncia pública. Los rastros del allanamiento eran evidentes: el patio trasero violentado, las cámaras de seguridad intervenidas y las oficinas registradas con lo que la organización describió como una búsqueda meticulosa.
“La persona responsable intervino las cámaras de seguridad y registró todas las oficinas, dejando huellas de su presencia en distintos espacios y llevándose finalmente equipos de cómputo, celulares y documentos”, detalló el Centro en su comunicado oficial. La gravedad del hecho no residió únicamente en la pérdida material, sino en la advertencia implícita: quien entró sabía qué buscar y dónde estaba la información que vincula directamente al equipo con las personas defensoras.
EL OBJETIVO: SILENCIAR LA VERDAD EN LA FRONTERA
El elemento que más alertó a los defensores y a las redes solidarias fue la naturaleza selectiva del hurto. En un contexto donde el equipamiento electrónico y de oficina suele ser el objetivo de la delincuencia común, los perpetradores ignoraron otros bienes de valor presentes en el lugar. Esta particularidad llevó al Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova a lanzar una hipótesis que resuena con fuerza en el actual clima de violencia contra el activismo en Chiapas: “Estos hechos evidencian, una vez más, el patrón sistemático de hostigamiento, vigilancia, criminalización y persecución contra quienes defienden derechos humanos”, señaló la organización en su pronunciamiento.
Este patrón no es nuevo para la institución. Según consta en los archivos del propio Centro y en las denuncias presentadas ante las autoridades, los incidentes de seguridad han sido recurrentes en los últimos meses. El Fray Matías de Córdova, beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, había notificado previamente estos hechos, buscando salvaguardar la integridad de su equipo.
Sin embargo, la respuesta ante la emergencia del 20 de marzo evidenció las fallas estructurales del sistema de protección. A pesar de contar con medidas asignadas, el personal tuvo que esperar varias horas, tras múltiples solicitudes, para que los elementos de seguridad acudieran al lugar.
La organización ha insistido en que la protección de la información y de las personas defensoras es una obligación ineludible del Estado mexicano. El robo de documentos y dispositivos que contienen datos sensibles de las personas migrantes acompañadas —cuyos casos suelen involucrar situaciones de violencia, trata o persecución— no solo vulnera la operatividad del Centro, sino que pone en riesgo directo la seguridad de quienes confiaron su historia y su vulnerabilidad a esta institución.
TRES DÉCADAS DE RESISTENCIA EN LA FRONTERA SUR
Para comprender la magnitud del ataque, es necesario remontarse a los orígenes de esta organización. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba A.C. fue fundado en 1994, un año emblemático para Chiapas marcado por el levantamiento zapatista y la visibilización de las profundas desigualdades en la región. Nacido en el seno de la diócesis de Tapachula, el Centro adoptó el nombre de Fray Matías de Córdova, un fraile dominico que en el siglo XIX impulsó ideas de libertad y justicia en la región.
Desde su fundación, la organización ha sido un pilar en la defensa de los derechos humanos de las personas en movilidad. Durante casi tres décadas, ha trabajado incansablemente en la frontera sur, una zona que se ha convertido en un embudo migratorio donde confluyen decenas de miles de personas provenientes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y, en años recientes, de continentes como África y Asia. La labor del Fray Matías ha sido integral, va desde el acompañamiento jurídico y psicosocial hasta la integración comunitaria y la incidencia política para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
La solidez de su trabajo ha sido reconocida a nivel internacional. Entre 2012 y 2014, la Fundación MacArthur otorgó al Centro subvenciones por un total de 195 mil dólares para fortalecer su labor de documentación de casos de abuso contra migrantes y para mejorar el acceso a la justicia en la región a través de litigios estratégicos y la presión para la implementación de la Ley de Migración. Esta capacidad de documentación y su presencia constante en la región le han valido el respeto de las comunidades migrantes, pero también la ha convertido en un actor incómodo para intereses que ven en la movilidad humana un negocio o un problema de seguridad.
“SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS”
La reacción ante el allanamiento no se hizo esperar. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), de la cual el Fray Matías es miembro activo, emitió una acción urgente condenando los hechos y exigiendo medidas inmediatas. La consigna “Si nos tocan a una, nos tocan a todas” retumbó en los comunicados, subrayando la solidaridad y la vulnerabilidad compartida por las 88 organizaciones que conforman la red.
En su pliego petitorio, la Red TDT y el Centro de Derechos Humanos hicieron un llamado directo a las más altas autoridades del país, incluyendo a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno del estado de Chiapas. Las exigencias son claras: una investigación seria, diligente e independiente que identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales; la implementación de medidas de protección colectivas e individuales efectivas; y, crucialmente, la extensión de estas medidas a las personas y comunidades acompañadas por el Centro, cuya información sensible fue sustraída.
Organismos internacionales como la Relatoría Especial sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, han sido puestos en conocimiento de la situación. En fechas recientes, Lawlor había advertido sobre el creciente riesgo que implica la labor de defensa de derechos humanos en Chiapas, un estado que ha visto un aumento exponencial de la violencia vinculada al crimen organizado, la disputa por rutas migratorias y los conflictos agrarios.
ENTRE EL SILENCIO OFICIAL Y LA RESISTENCIA CIVIL
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales y federales no habían emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre el avance de las investigaciones. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a cargo de José Luis Llaven Abarca, ha recibido la denuncia, pero persiste la incertidumbre sobre las líneas de investigación.
La tardanza en la respuesta de los elementos de seguridad del Mecanismo de Protección ha sido otro punto de fricción. Para un equipo que enfrenta amenazas cotidianas, la demora en la atención representa una falla sistémica que deja en estado de indefensión a quienes arriesgan su vida por proteger los derechos de los demás. “Solicitamos al Gobierno federal, en particular al Mecanismo de Protección, la pronta respuesta e implementación de medidas de protección adecuadas que garanticen la seguridad del equipo del CDH Fray Matías y permitan continuar nuestra labor de defensa”, reiteró la organización.
En medio de la adversidad, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova ha mantenido una postura de resiliencia. A pesar de que el robo de información ha implicado un duro golpe a su capacidad operativa y una violación directa a su seguridad, la organización reafirmó su compromiso con las poblaciones más vulnerables. “Este acto intimidatorio no detendrá nuestra labor”, sentenciaron en su comunicado, una declaración de principios que ha definido su trayectoria durante 29 años.
UN ESPEJO DE LA CRISIS NACIONAL
El allanamiento al Fray Matías no es un hecho aislado. Es un reflejo de la crisis de seguridad que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México. Según datos de organizaciones civiles, el país continúa siendo uno de los más peligrosos del mundo para esta labor, con Chiapas figurando como una de las entidades con mayores riesgos debido a la confluencia de crimen organizado, corrupción institucional y la presencia de flujos migratorios sin precedentes.
La vulnerabilidad del Centro radica en su propia esencia: su capacidad de documentar abusos. Los expedientes que resguarda contienen información sobre redes de trata, abusos de autoridades migratorias y policiales, y condiciones de hacinamiento en estaciones migratorias. Sustraer esa información no solo es un intento de obstaculizar procesos judiciales o de acompañamiento, sino un mensaje dirigido a toda la sociedad civil que opera en la frontera sur.
La comunidad internacional ha puesto sus ojos en Tapachula. La respuesta del Estado mexicano ante este hecho será un termómetro para medir la efectividad de sus compromisos internacionales en materia de protección a defensores. Mientras tanto, en la Cuarta Avenida Sur #8, en el corazón de Tapachula, el equipo del Fray Matías se organiza para continuar su labor, conscientes de que la defensa de los derechos humanos es, en estos tiempos, un acto de valentía frente a la adversidad.
