May Rosas
Financiamiento y empleo en Chiapas
En días pasados, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó el proyecto sectorial Impulso Nafin + Chiapas 2026, una alianza con Nacional Financiera que destina 500 millones de pesos en créditos para micro, pequeñas y medianas empresas. Las condiciones son inusualmente favorables: créditos de hasta 2.5 millones de pesos sin comisión por apertura, sin cobro de seguro y sin requerimiento de garantía. Seis bancos comerciales —Banorte, BanBajío, Santander, HSBC, Banamex y BBVA— participan en el esquema.
El anuncio ocurre en un momento en que las cifras de empleo formal en Chiapas dibujan un panorama mixto, con avances importantes en ciertos rubros, pero también retrocesos que obligan a mirar con atención la efectividad de las políticas públicas en marcha.
Al cierre de enero de 2026, Chiapas registró 257 mil 577 trabajadores asegurados ante el IMSS, una cifra que representa el 1.14 por ciento del total nacional. La proporción de trabajadores permanentes —88.18 por ciento— coloca al estado en el décimo lugar nacional en este rubro, superando a entidades como Jalisco y Puebla, y ubicándose por encima de la media nacional de 86.94 por ciento. Este dato es significativo: la estabilidad laboral en Chiapas, medida por el peso del empleo permanente sobre el total, es superior a la de estados con economías más industrializadas.
Sin embargo, la comparación mensual arroja una disminución de 0.95 por ciento en el total de trabajadores asegurados respecto a diciembre de 2025, lo que significó dos mil 462 empleos menos. En términos anuales, entre enero de 2025 y enero de 2026, la caída fue de 1.44 por ciento, equivalente a tres mil 764 asegurados menos. La foto de largo plazo ofrece una lectura más alentadora: entre enero de 2020 y enero de 2026, los Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU) en Chiapas crecieron 15.94 por ciento, una tasa superior al 10.17 por ciento registrado a nivel nacional en el mismo periodo.
A pesar de los avances en formalidad, persisten desafíos estructurales que condicionan el impacto real de cualquier política de financiamiento. La productividad laboral en Chiapas es de aproximadamente 80 pesos por hora trabajada, mientras que en otras regiones del país el promedio oscila entre 200 y 250 pesos. Esta brecha explica, en buena medida, por qué los salarios en la entidad se mantienen por debajo de la media nacional.
El sector terciario —servicios y comercio— concentra el 73.43 por ciento de los trabajadores asegurados en Chiapas, una proporción 11.70 puntos porcentuales superior al promedio nacional. Esta especialización terciaria, característica de economías con menor desarrollo industrial, implica que la capacidad de generación de valor agregado por trabajador es limitada. El sector secundario, por su parte, apenas representa el 20.08 por ciento de los empleos formales, 14.88 puntos por debajo del valor nacional.
El esquema de financiamiento presentado por el gobernador tiene el mérito de atacar uno de los principales cuellos de botella que enfrentan las MiPyMEs en Chiapas: el acceso a crédito en condiciones viables. Las micro y pequeñas empresas representan la mayor parte de la estructura productiva del estado, pero históricamente han operado al margen de la banca comercial debido a los altos costos financieros, los requisitos de garantía y la complejidad burocrática.
La eliminación de comisiones, seguros y garantías para créditos de hasta 2.5 millones de pesos representa un cambio sustancial en las reglas de juego. Para un pequeño productor de café en la sierra, un comerciante textil en San Cristóbal o un prestador de servicios turísticos en Palenque, estas condiciones pueden marcar la diferencia entre expandir su negocio o permanecer estancado.
La articulación con Nacional Financiera y la participación de seis bancos comerciales —con presencia de los representantes de estas instituciones en el acto de lanzamiento— confiere al programa una estructura institucional sólida. El respaldo de la banca de desarrollo federal, en el marco del Plan México impulsado por la Presidencia de la República, añade una capa de sostenibilidad que trasciende los ciclos políticos locales.
La comparación con el promedio nacional es particularmente elocuente. En febrero de 2026, México registró la cifra más alta de creación de empleo para un segundo mes en la última década, con 182 mil 778 nuevos puestos de trabajo. En términos anuales, el país sumó 260,819 plazas, un incremento de 1.2 por ciento. En contraste, Chiapas reportó una variación anual negativa de 3.1 por ciento en el mismo periodo, ubicándose entre las entidades con mayor pérdida de empleo formal.
Esta disparidad sugiere que, si bien Chiapas ha logrado avances importantes en la calidad del empleo —medida por la proporción de trabajadores permanentes—, aún no consigue despegar en términos de generación neta de empleo a la velocidad que lo hace el resto del país.
El programa Impulso Nafin + Chiapas 2026 tiene una virtud que merece subrayarse: apuesta por el apalancamiento de recursos privados a través de la banca comercial, en lugar de limitarse a la aplicación directa de fondos públicos. La bolsa de 500 millones de pesos actúa como un mecanismo de garantía y facilitación, pero los recursos que finalmente llegarán a las empresas provienen de los bancos participantes. Este esquema multiplica el impacto de los recursos públicos y, al mismo tiempo, obliga a que los proyectos crediticios pasen por el filtro de la viabilidad financiera que exige la banca comercial.
El gobernador Ramírez Aguilar ha insistido en que la estrategia busca “fomentar el esfuerzo comercial” de los empresarios chiapanecos. La frase no es retórica vacía: detrás de ella hay un reconocimiento de que el desarrollo económico no se construye desde la dádiva, sino desde la capacidad de poner recursos en manos de quienes generan movimiento económico.
El programa enfrenta desafíos significativos. El primero es la capacidad de absorción crediticia del sector empresarial local. Las MiPyMEs en Chiapas, en su mayoría, carecen de experiencia en el manejo de financiamiento bancario, lo que puede limitar el ritmo de colocación de los créditos. El segundo es la sostenibilidad: los 500 millones de pesos son un primer paso, pero para generar un cambio estructural en el acceso al financiamiento se requiere una escala mayor y una permanencia en el tiempo que trascienda la administración actual.
Los datos de empleo formal sugieren que Chiapas está en una fase de transición. Por un lado, la calidad del empleo —medida por la proporción de trabajadores permanentes— es superior a la de muchas entidades. Por otro, la generación neta de empleo sigue siendo volátil y, en algunos periodos, negativa. La brecha de género y la baja productividad laboral son recordatorios de que el camino hacia la prosperidad económica es largo.
El programa Impulso Nafin + Chiapas 2026 no resolverá todos estos problemas, pero tiene el mérito de apuntar en la dirección correcta: facilitar recursos financieros a quienes generan empleo y movimiento económico, con condiciones que hasta hace poco parecían reservadas para grandes corporaciones.
La medición del éxito de esta estrategia estará, al final, en dos indicadores: cuántas MiPyMEs logran acceder a estos créditos y, más importante aún, cuántas de ellas logran crecer, contratar más personal y, eventualmente, dejar de depender de esquemas de apoyo para sostenerse por sí mismas.
Gracias querido lector, con gusto recibo comentarios, NOS LEEMOS EN LA PRÓXIMA…
