El avance de estas infecciones presiona la salud pública local y obliga a reforzar acciones urgentes de prevención
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque el repunte de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) no es un fenómeno nuevo en la frontera sur, el incremento del 80 por ciento en los casos de sífilis durante 2026 en Tapachula encendió alertas entre organizaciones civiles que advirtieron un cambio acelerado en la dinámica de contagios. La Brigada Callejera “Elisa Martínez” ha identificado que este aumento responde a condiciones estructurales que modifican el mapa de riesgos en la región.
Mientras la movilidad humana se ha transformado en permanencia prolongada, la ciudad enfrenta un escenario distinto al de años anteriores, con una población migrante que se inserta en actividades laborales sin acceso a servicios de salud ni esquemas de prevención. Datos de ONUSIDA estimaron que en América Latina más del 23 por ciento de las nuevas infecciones por ITS se concentraron en poblaciones en situación de movilidad.
A medida que nuevos establecimientos de entretenimiento surgen sin regulación sanitaria efectiva, el control epidemiológico se debilita y amplía los espacios de contagio. La Secretaría de Salud federal reportó que solo el 35 por ciento de las personas en contextos de riesgo se realiza pruebas periódicas de ITS, lo que incrementa la probabilidad de transmisión sin diagnóstico oportuno.
En paralelo al aumento de sífilis, la presencia de otras infecciones como VPH, tricomoniasis y chancro sugirió que el problema es parte de una cadena de contagios que se sostiene por la falta de cobertura preventiva. La Organización Mundial de la Salud advirtió que más de un millón de infecciones de transmisión sexual se adquieren a diario en el mundo, lo que posiciona a Tapachula dentro de una tendencia global que impacta con mayor fuerza en zonas de alta movilidad.
Aun cuando existen esfuerzos comunitarios para contener el avance mediante pruebas gratuitas, la cobertura limitada de estos programas evidenció la necesidad de una intervención más amplia que articule a autoridades, sector privado y sociedad civil. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que menos del 50 por ciento de la población en México tiene acceso regular a servicios de salud preventiva, una condición que agrava el panorama y anticipa que, sin acciones coordinadas, el problema continuará expandiéndose.
