Los recursos parecen insuficientes frente a la magnitud de los retos
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Un presupuesto de 33.7 mil millones de pesos promete ser un parteaguas, pero la falta de recursos para el sistema rector, los altos índices de violencia y las carencias estructurales en salud y protección revelan una crisis que el dinero, por sí solo, no resuelve.
En el marco de un año crítico marcado por alertas sanitarias y una deuda histórica con las comunidades originarias, el Gobierno de Chiapas presentó su Presupuesto de Egresos 2026. La cifra es contundente: 33 mil 700 millones de pesos destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes. Esta cantidad, que equivale a una inversión de 16 mil 130 pesos anuales por cada menor de edad en el estado, coloca a la infancia en el centro del discurso oficial. Sin embargo, un análisis detallado del Anexo Transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes revela una realidad compleja, donde los recursos parecen insuficientes frente a la magnitud de los retos y donde el ente encargado de coordinar la política pública opera sin presupuesto propio.
El presupuesto total para la infancia y adolescencia en Chiapas para 2026 asciende a 33.7 mil millones de pesos. A simple vista, la distribución por grandes rubros parece priorizar áreas clave, pero el desglose muestra una disparidad preocupante.
Según los datos oficiales, la distribución es la siguiente:
· Educación: 33.5 mil millones de pesos (MDP).
· Protección: 152.1 MDP.
· Justicia: 28.2 MDP.
· Arte, cultura y deporte: 21.2 MDP.
· Salud: 7.2 MDP.
Como era de esperarse, la educación acapara el 99.4 por ciento del presupuesto total destinado a infancias. Dentro de este rubro, el presupuesto se concentra en dos dependencias: la Educación Federalizada, con 21 mil 336 millones de pesos, y la Educación Estatal, con 12 mil 223 millones de pesos. Ambas representan la mayor proporción de los recursos asignados, lo que refleja la importancia que el Gobierno otorga a la cobertura escolar, pero también deja en evidencia la desinversión relativa en otras áreas vitales.
Esta centralización de recursos en el ámbito educativo no es, per se, negativa. Chiapas enfrenta retos enormes en materia de analfabetismo, deserción escolar y educación intercultural bilingüe, especialmente en las regiones indígenas. Sin embargo, la contraparte es alarmante: Salud, el pilar de la supervivencia, recibe apenas 7.2 millones de pesos (solo el 0.02 por ciento del total), una cifra que contrasta con las emergencias sanitarias que se viven en la entidad.
LA CRISIS SANITARIA QUE NO CABE EN EL PRESUPUESTO
El rubro de salud destinado a infancias es, por mucho, el más frágil. Con apenas 7.2 millones de pesos distribuidos a través del Instituto de Salud (7.3 MDP) y otras dependencias menores, la capacidad de respuesta del estado frente a emergencias sanitarias es prácticamente simbólica.
Este año, Chiapas enfrenta una crisis múltiple en materia de salud infantil. Por un lado, el estado se encuentra en el ojo del huracán por un brote de sarampión que ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias federales. Las campañas de vacunación requieren recursos logísticos, refrigeración para cadenas de frío y personal capacitado para llegar a las comunidades de difícil acceso, principalmente en la región de la Selva y Los Altos.
Por otro lado, el embarazo forzado de niñas y adolescentes sigue siendo una de las violencias más sistemáticas y normalizadas. Chiapas ocupa uno de los primeros lugares en embarazo infantil y adolescente a nivel nacional. La falta de acceso a educación sexual integral, anticonceptivos y servicios de salud especializados para víctimas de abuso sexual convierte a la salud pública en un espacio de revictimización. Con solo 7.2 MDP para todo el sector, es materialmente imposible garantizar la atención psicológica, obstétrica y legal que miles de niñas requieren.
“En un contexto de crisis por brotes de sarampión y de embarazos forzados de niñas y adolescentes, es urgente destinar todos los recursos posibles”, señala el análisis del Anexo Transversal, evidenciando que los recursos actuales son insuficientes para siquiera contener la emergencia.
LA PROTECCIÓN: UN MURO DE 152 MILLONES FRENTE A UNA MONTAÑA DE VIOLENCIA
El rubro de Protección recibirá 152.1 millones de pesos, distribuidos entre el Sistema DIF (150.6 MDP), la Fiscalía General (25.2 MDP) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (2.9 MDP). Aunque este es el segundo rubro en importancia después de la educación, la pregunta obligada es si estos recursos son suficientes para proteger a las infancias en un estado donde la violencia familiar, la explotación laboral y el reclutamiento forzado son una constante.
Las infancias chiapanecas no solo viven en pobreza, sino también en contextos de alta peligrosidad. En las regiones fronterizas con Guatemala, los niños, niñas y adolescentes son utilizados como enganchadores para el trasiego de mercancías y personas. En las zonas rurales e indígenas, el trabajo infantil es una realidad económica y cultural que a menudo se confunde con la formación para el trabajo, pero que en muchos casos deriva en explotación.
El presupuesto del DIF estatal, que asciende a 150.6 millones de pesos, debe operar procuradurías de defensa de la niñez, casas hogar, centros de asistencia y programas de prevención en los 124 municipios. Los expertos consultados coinciden en que, si bien el aumento es significativo, el número de casos de maltrato, abuso y negligencia que se atienden en las regiones indígenas como Los Altos, la Selva y la Frontera es tal que los recursos se diluyen.
EL CASO DEL SIPINNA: UN RECTOR SIN RECURSOS
Uno de los hallazgos más críticos del análisis presupuestal es la inexistencia de un presupuesto para el SIPINNA estatal (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes). Este sistema es, por mandato constitucional, el ente rector de la política pública de atención a la infancia y adolescencia.
“Sin recursos, este sistema no puede funcionar adecuadamente”, advirtió el documento oficial. La falta de financiamiento para el SIPINNA significa que no existe una rectoría efectiva, ni capacidad de coordinación entre las dependencias que ejecutan el gasto. Es decir, mientras Educación, Salud y DIF gastan de manera aislada, no hay una entidad que garantice la transversalidad, la medición de impacto o la rendición de cuentas. En la práctica, la política de infancias opera sin timón.
JUSTICIA, ARTE Y DEPORTE: LO QUE SOBRA Y LO QUE FALTA
Justicia: 28.2 MDP
La Fiscalía General del Estado recibirá 25.2 millones de pesos para la atención de casos que involucran a menores. Este monto es ínfimo si se considera la enorme carga procesal que representa la atención de delitos como violación, feminicidio de adolescentes, desaparición de niñas y niños, y abuso sexual.
La procuración de justicia en Chiapas, históricamente lenta y con alto índice de impunidad, enfrenta un reto mayúsculo:
garantizar que los procesos judiciales respeten los derechos de las víctimas infantiles, quienes requieren psicólogos especializados, cámaras Gesell y personal ministerial con perspectiva de infancia.
ARTE, CULTURA Y DEPORTE: 21.2 MDP
El rubro de arte, cultura y deporte recibirá 21.2 millones de pesos, distribuidos entre el Instituto del Deporte (6.2 MDP), el CONECULTA (4.4 MDP) y el Instituto de la Juventud (10.5 MDP). Si bien son recursos limitados, este sector representa una oportunidad crucial de prevención social. En un estado donde la violencia y la falta de oportunidades orillan a miles de adolescentes a formar parte de grupos delictivos o migrar, el acceso al deporte y la cultura es una herramienta de resistencia y construcción de paz.
Sin embargo, los 21.2 MDP representan apenas el 0.06 por ciento del presupuesto total, lo que limita la posibilidad de tener infraestructura deportiva digna o escuelas de arte en las regiones indígenas.
LAS INFANCIAS INVISIBLES: PUEBLOS ORIGINARIOS Y MIGRACIÓN
Chiapas es un estado pluricultural donde el 27.2 por ciento de la población habla una lengua indígena. Para las niñas, niños y adolescentes de los pueblos originarios, las carencias se multiplican. El presupuesto de educación (33.5 MDP) no especifica en sus anexos cuánto se destina a la educación intercultural bilingüe, un derecho fundamental que garantiza el aprendizaje en su lengua materna.
En regiones como Los Altos de Chiapas, donde las comunidades tsotsiles y tseltales enfrentan los índices más altos de desnutrición crónica infantil, el magro presupuesto de salud (7.2 MDP) no alcanza para llevar brigadas médicas a parajes alejados. La mortalidad materno-infantil en estas regiones sigue siendo alarmante.
Además, el fenómeno migratorio impacta de manera desproporcionada a las infancias. Chiapas es punto de origen, tránsito y destino de migrantes. Miles de niños y adolescentes viajan solos en el tren conocido como “La Bestia”, expuestos a caídas, extorsión y violencia. El presupuesto no contempla una partida específica para la atención de niñez migrante no acompañada, que queda en manos de organizaciones civiles y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con recursos federales.
MALTRATO Y VIOLENCIA: LOS DATOS QUE FALTAN
Si bien los datos financieros son públicos, las cifras de violencia contra la infancia en Chiapas son difíciles de cuantificar debido a la subregistro. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos contra la familia, que incluyen violencia familiar, han aumentado en los últimos años.
La violencia física y psicológica contra niñas y niños se naturaliza en muchos hogares chiapanecos. La violencia sexual es, quizás, la más grave. Organizaciones de la sociedad civil reportan que en comunidades indígenas, las niñas son víctimas de matrimonios forzados y abuso sexual, a menudo perpetrado por familiares o autoridades comunitarias, con una casi nula intervención del estado por las barreras culturales y lingüísticas.
El presupuesto de la Secretaría de la Mujer, que apenas recibe 1.5 millones de pesos dentro de este anexo transversal, es otra muestra de la falta de prioridad. La violencia de género está intrínsecamente ligada a la violencia contra las infancias; maltratar a la madre es maltratar a los hijos. Sin recursos para la prevención y atención de la violencia de género, las infancias quedan desprotegidas en el núcleo más básico: el hogar.
LA PARADOJA DEL LARGO PLAZO
El documento oficial que presenta el presupuesto hace una afirmación clave: “La inversión para la protección de la niñez y adolescencia se ejecuta en un año, pero su impacto tiene duración a largo plazo”.
Esta premisa es cierta. Invertir en la primera infancia es la política pública más rentable que un estado puede realizar. Un niño o niña que recibe buena nutrición, educación de calidad y protección contra la violencia tiene altas probabilidades de romper el ciclo de pobreza. Sin embargo, la estructura de gasto actual revela una contradicción.
Mientras se invierten 33.5 mil millones en educación (cuya utilidad se verá reflejada en 10 o 15 años), se destinan solo 7.2 millones a salud (cuyos resultados se ven en la tasa de mortalidad y desnutrición inmediata). Si un niño o niña muere de sarampión o desnutrición en 2026 por falta de atención médica, la inversión educativa para ese niño jamás tendrá impacto.
El SIPINNA, que debería ser el arquitecto de esta visión de largo plazo, no tiene presupuesto. Esto significa que la estrategia de largo plazo es, por ahora, un discurso sin capacidad de planeación.
El Gobierno de Chiapas ha dado un paso al visibilizar en el presupuesto un Anexo Transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. La cifra de 33.7 mil millones de pesos es la más alta en la historia para este sector. Sin embargo, un presupuesto progresivo en números no lo es necesariamente en resultados.
Los principales problemas detectados son:
1. Excesiva concentración en educación en detrimento de salud y protección.
2. Falta de recursos para el SIPINNA, lo que imposibilita la rectoría y coordinación de la política pública.
3. Insuficiencia de recursos para salud en medio de crisis por sarampión y embarazo forzado.
4. Bajo presupuesto para la procuración de justicia en un contexto de alta impunidad en delitos contra infancias.
5. Omisión presupuestal para la niñez indígena y migrante, los sectores más vulnerables.
Para que la inversión de 16 mil 130 pesos anuales por niña, niño o adolescente realmente transforme la realidad de Chiapas, se requiere no solo más recursos, sino una redistribución estratégica y, sobre todo, que el Sistema de Protección Integral (SIPINNA) tenga los fondos y la autonomía para hacer cumplir los derechos que la ley les otorga. De lo contrario, Chiapas seguirá siendo el estado con mayor pobreza infantil del país, donde las infancias viven en medio de recursos abundantes en el papel, pero escasos en su día a día.
