Autoridades buscan a titulares del CECyTE tras no ser localizados para notificarles un proceso por el supuesto uso irregular de recursos públicos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recurrió a la publicación de edictos para localizarla, la exdirectora administrativa del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, Alexandra Magnolia Figueroa Ewanchyna, fue emplazada por un presunto desvío de 260 mil pesos, lo que reabrió cuestionamientos sobre el manejo de recursos en esa institución. La notificación, difundida en el Periódico Oficial del Estado, marcó el arranque formal de un procedimiento que obliga a la exfuncionaria a comparecer ante la autoridad.
De acuerdo con la investigación, la solicitud de ocho cheques sin justificación documental y su cobro inmediato externaron prácticas administrativas que operaron fuera de controles básicos, lo que puso sobre la mesa la fragilidad de los mecanismos internos de supervisión. Aunque el monto fue reintegrado meses después, el uso temporal de recursos públicos sin sustento legal configuró un escenario que la ley clasifica como falta grave.
Auditorías federales han documentado irregularidades por más de 34 millones de pesos en ejercicios anteriores, además de pagos indebidos cercanos a los dos millones de pesos, cuyos hallazgos coincidieron con la gestión de Sandro Hernández Piñón, quien ocupara la titularidad de la dependencia previo a la llegada de Figueroa Ewanchyna, y quien, al igual que esta última, dejara dicha dirección en medio de señalamientos por una presunta malversación superior a los 40 millones de pesos
A nivel nacional, la Auditoría Superior de la Federación reportó que en la Cuenta Pública 2022 se detectaron más de 63 mil millones de pesos con posibles irregularidades, mientras que el estado de Chiapas acumuló observaciones superiores a los mil millones de pesos en distintos entes públicos.
En ese mismo sentido, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalaron que el 86 por ciento de la población percibe actos de corrupción como frecuentes en el ámbito gubernamental, mientras que el Sistema Nacional Anticorrupción ha documentado que menos del cinco por ciento de las faltas administrativas graves concluyen en sanciones efectivas. A esto se suma que, según la Secretaría de la Función Pública, durante 2024 se iniciaron más de nueve mil procedimientos por presuntas irregularidades administrativas en el país.
Mientras el proceso avanza hacia una audiencia programada en abril, el caso mide la eficacia de los mecanismos para localizar, notificar y llevar a comparecer a exfuncionarios, en un contexto donde la rendición de cuentas sigue siendo una demanda constante y cada expediente abierto se convierte en un indicador del alcance real del combate a la corrupción en Chiapas.
