Sustituir productos desechables por opciones sostenibles pretende proteger la salud y el medio ambiente
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque los negocios de Chiapas enfrentan multas que van de dos mil 343 hasta 58 mil 655 pesos por ofrecer plásticos desechables o unicel a sus clientes, las autoridades municipales tienen la facultad de determinar el monto según la gravedad o reincidencia de la infracción, esto con la intención de reducir el impacto ambiental y fomentar alternativas sostenibles.
Mientras el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos prohíbe el uso de utensilios plásticos desechables, poliestireno expandido y otros materiales no reutilizables, los establecimientos pueden optar por envoltorios biodegradables o materiales reutilizables, lo que además contribuye a disminuir la contaminación por microplásticos que afecta suelo y cuerpos de agua.
Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de Chiapas, cerca del 42 por ciento de los residuos sólidos generados en comercios de alimentos corresponden a plásticos de un solo uso, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estima que estos productos tardan entre 500 y 800 años en degradarse, liberando microplásticos y gases nocivos que afectan ecosistemas y salud humana.
Estadísticas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas indicaron que alrededor del 18 por ciento de tortugas y peces marinos en zonas costeras de la comarca presentan restos de plásticos ingeridos, mientras que estudios de la Secretaría de Salud estatal señalaron que la exposición a gases liberados por plásticos calentados puede incrementar riesgos respiratorios en un 12 por ciento de la población urbana cercana a zonas de alimentos preparados.
Aunque las sanciones buscan inhibir prácticas nocivas, expertos ambientales y organismos de conservación recomendaron que los consumidores también asuman responsabilidad al llevar utensilios reutilizables a los negocios, lo que permitiría reducir la generación de residuos plásticos y unicel y fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente en beneficio del entorno y la salud pública.
