Consideran que el impacto iría más allá del ámbito financiero y alcanzaría derechos laborales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En medio de la discusión legislativa sobre ajustes al artículo 127, jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se concentraron frente al Congreso de Chiapas para fijar postura ante una reforma que, desde su perspectiva, amenaza la estabilidad de sus pensiones y reabre el debate sobre los límites del Estado frente a derechos ya adquiridos. La movilización buscó incidir en el posicionamiento de diputados locales ante una iniciativa de alcance nacional.
Al colocar el foco en el posible impacto de la reforma, los inconformes mencionaron que la modificación no solo implicaría recortes o eliminación de beneficios, también redefiniría las condiciones bajo las cuales se construyeron esquemas de retiro en empresas públicas estratégicas. La preocupación se extendió hacia la posibilidad de que el criterio se replique en otros sectores, lo que convertiría el ajuste en un precedente con efectos más amplios.
Desde la óptica de los manifestantes, el argumento financiero resulta deficiente frente al riesgo jurídico que implicaría alterar condiciones pactadas, dado que el eventual ahorro se percibe marginal frente al volumen total del gasto pensionario. En ese sentido, la discusión dejó de centrarse en el balance presupuestal y se trasladó al terreno de la certidumbre legal y la confianza institucional.
Datos de la Secretaría de Hacienda indicaron que el gasto en pensiones superó los 2.4 billones de pesos, lo que equivale a cerca de una quinta parte del presupuesto federal, mientras que Petróleos Mexicanos reportó pasivos laborales superiores a 1.3 billones y la propia CFE ha reconocido obligaciones por más de 600 mil millones de pesos. A su vez, el Presupuesto de Egresos contempló un crecimiento sostenido del rubro, con incrementos anuales cercanos al cinco por ciento.
Bajo ese contexto, la protesta en la entidad tomó un sentido estratégico al intentar frenar una reforma que, más allá de su impacto inmediato, podría redefinir la relación entre el Estado y sus trabajadores en retiro. La entrega de un pliego petitorio y la exigencia de respaldo político apuntaron a contener una medida que, en caso de avanzar, modificaría el equilibrio entre sostenibilidad financiera y respeto a derechos consolidados.
