Las observaciones apuntaron a fallas en el control administrativo del sector durante la gestión anterior
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene abiertas revisiones sobre el ejercicio del gasto educativo en Chiapas, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno estatal confirmó la detección de irregularidades por 35 millones de pesos vinculadas a la administración de la exsecretaria de Educación Rosa Aidé Domínguez Ochoa, lo que reavivó el debate sobre los mecanismos de control del sector público.
Tras la revisión de nóminas, registros de pagos y padrones de personal, la titular de la dependencia, Ana Laura Romero Basurto, explicó que se identificaron movimientos financieros irregulares relacionados con personas fallecidas y trabajadores jubilados, lo que señaló fallas en la actualización institucional y en los sistemas de verificación administrativa.
Al considerar que la ASF ha documentado que alrededor del 30 por ciento de las observaciones en entes estatales se concentraron en el rubro de servicios personales, el caso se insertó en una problemática recurrente dentro del manejo de recursos humanos en el sector educativo a nivel nacional.
Mientras en los informes recientes de fiscalización federal se advierte que cerca del 40 por ciento de los montos observados en auditorías anuales corresponden al sector educativo, el expediente chiapaneco adquirió relevancia por el volumen de recursos involucrados y por el tipo de irregularidades detectadas en nómina.
Al establecerse que menos del 15 por ciento de las observaciones emitidas por la ASF logran solventarse en su primer ciclo de revisión, el procedimiento resarcitorio en curso podría prolongarse en distintas etapas administrativas y legales para determinar responsabilidades.
Cuando la autoridad federal mantiene la facultad de ejecutar sanciones directas y posibles mecanismos de recuperación de recursos, el proceso deja la posibilidad de embargos contra exfuncionarios del periodo observado, conforme avance la integración del expediente.
Mientras la actual administración estatal encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar participa en el proceso de rendición de cuentas y coadyuva con la Federación, se analizan esquemas de coordinación institucional que permitan fortalecer la vigilancia del gasto público y reducir riesgos de irregularidades en ejercicios futuros.
