Organizaciones y actores comunitarios señalaron que la explotación de bancos de este tipo de materiales avanza en medio de omisiones legales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El foro “Derecho al agua, justicia ambiental y construcción de paz en San Cristóbal” colocó en discusión la fragilidad del control institucional sobre la minería pétrea en Chiapas, donde el regidor Fidel Kalax expuso que apenas el 10 por ciento de estas actividades cuenta con regularización formal, en un país que registró más de 24 mil concesiones mineras activas según la Secretaría de Economía, lo que dimensionó la presión extractiva sobre los marcos legales locales.
La experiencia de la comunidad de La Albarrada, que destinó 500 hectáreas a la conservación ambiental, derivó en un proceso de regulación inconcluso de una hectárea destinada a la extracción de arena, situación que se prolongó 15 meses sin resolución, en un contexto donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha documentado múltiples irregularidades en bancos de materiales pétreos en distintas entidades del país.
El traslado de responsabilidades entre instituciones durante el intento de regulación evidenció un vacío jurídico que impide definir con claridad competencias en casos de explotación de recursos, escenario que se cruzó con la existencia de 44 zonas críticas ambientales identificadas a nivel nacional por su alta presión ecológica, lo que detectó la dificultad de controlar actividades extractivas en territorios vulnerables.
El señalamiento sobre el banco de arena en la colonia Salsipuedes, considerado de riesgo para habitantes cercanos, no derivó en una respuesta efectiva debido a la falta de autoridad clara para su supervisión, en un país donde alrededor del 70 por ciento de los conflictos socioambientales se relacionan con actividades extractivas y uso de recursos naturales, lo que intensificó la tensión entre comunidades y marcos regulatorios.
La mesa interinstitucional integrada por 22 dependencias abrió un espacio de coordinación para atender las crisis ambientales en San Cristóbal de Las Casas, mientras el llamado al Congreso del estado para legislar en la materia puso sobre la agenda la necesidad de cerrar vacíos normativos que hoy permiten que la explotación de materiales pétreos opere con escasa supervisión efectiva.
