Madres en Resistencia cuestionó la eficacia de la Fiscalía y la Comisión de Atención a Víctimas ante el incremento de casos registrados
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Al advertir que la prevención de la violencia contra las mujeres presenta fallas estructurales en las instituciones chiapanecas, la representante de la colectiva Madres en Resistencia, Adriana Gómez, señaló que recientemente se han documentado 39 casos de feminicidio, de los cuales 10 corresponden a lo que va de 2026, esto sugiere una continuidad del problema sin contención efectiva.
Tras sostener una reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión de Seguimiento a los Casos de Feminicidio del Congreso del Estado, Sahara Munira José Flores, la activista expuso que las colectivas han insistido en presentar propuestas operativas tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con el propósito de incidir en mecanismos más eficaces de investigación y atención.
A partir de la presentación de un equipo especializado en búsqueda de personas integrado por expertos en distintas disciplinas forenses, la colectiva planteó que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas debe garantizar la liberación de recursos públicos destinados a fortalecer investigaciones, bajo un esquema en el que peritos, antropólogos y especialistas puedan operar de manera coordinada con la autoridad ministerial.
En un contexto de registros sobre personas desaparecidas, las colectivas reportaron más de tres mil casos documentados, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizó mil 940, lo cual creó una brecha de mil 060 casos entre ambas fuentes; además, los 39 feminicidios registrados implicaron que 10 ocurrieron en 2026, por lo tanto, una cuarta parte del total se concentró en un periodo reciente de alta incidencia.
Debido a la persistencia de resultados limitados por parte de las autoridades de procuración de justicia y de atención a víctimas, Adriana Gómez sostuvo que la exigencia central continúa siendo la activación real de capacidades institucionales, al tiempo que el reclamo de justicia se mantiene vigente frente a un escenario en el que la violencia contra mujeres y la desaparición forzada continúan sin una respuesta proporcional a su magnitud.
