El fenómeno continúa con alta incidencia mensual, ante omisión de las autoridades
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Con una media mensual de 38 casos durante 2025, la desaparición de menores en Chiapas se consolidó como una de las problemáticas más persistentes de la violencia social, al acumular 460 reportes en un solo año. Este comportamiento expone la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, ante fallas estructurales en los mecanismos de prevención que no han logrado contener el fenómeno en zonas urbanas y fronterizas.
A partir de los registros del Observatorio Ciudadano, el saldo de 75 menores que continúan sin ser localizados mantiene abierta una crisis que trasciende lo estadístico, en especial si se considera que el 16 por ciento de los casos permanece sin resolución. A ello se suma que, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la comarca se ubica entre las 10 entidades con mayor número de reportes de desaparición infantil en el país.
Mientras la mayoría de las víctimas se concentró en adolescentes de entre 12 y 17 años, el patrón de riesgo apuntó a contextos donde convergen violencia sexual, trata de personas y conflictos familiares, lo que dificulta la intervención institucional. Informes recientes indicaron que cerca del 62 por ciento de los casos involucra a mujeres adolescentes, esto sugiere una dimensión de género que demanda respuestas diferenciadas.
Aunado a la concentración de reportes en municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, la falta de criterios homologados en la integración de carpetas limitó el seguimiento efectivo de los casos y diluyó responsabilidades entre instancias. En el ámbito nacional, apenas el 54 por ciento de los registros de menores desaparecidos logró ser esclarecido en los primeros seis meses, lo que amplía los márgenes de incertidumbre para las familias.
Frente a este escenario, organizaciones civiles han insistido en la urgencia de replantear las estrategias de atención, debido a que el incremento de 12 por ciento en reportes durante los últimos tres años puntualizó una tendencia sostenida. Bajo esta lógica, el desafío no se reduce a localizar a las víctimas, también implica construir políticas públicas que ataquen las causas de fondo y fortalezcan la capacidad de respuesta institucional.
