Busca eliminar cargos y comisiones por apertura, manejo, retiros y consultas en cuentas básicas y aquellas vinculadas a programas sociales
PORTAVOZ/AGENCIAS
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, propuso en la Cámara de Diputados una reforma legal destinada a frenar las comisiones bancarias que afectan a ahorradores y titulares de cuentas de nómina.
La iniciativa busca modificar las leyes del Banco de México y de instituciones de crédito para prohibir cargos por apertura, manejo, retiros y consultas en cuentas básicas. Asimismo, plantea eliminar penalizaciones por mantener saldos mínimos o por la reposición de tarjetas.
El proyecto también contempla suprimir comisiones en cuentas vinculadas a programas sociales, con el fin de proteger a sectores vulnerables y garantizar acceso a servicios financieros sin costos adicionales.
Moreira destacó que las comisiones bancarias representaron el 94 por ciento de las ganancias del sistema financiero en 2025, equivalentes a 304 mil 400 millones de pesos, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La propuesta faculta al Banco de México para regular integralmente comisiones y tasas, fijar topes y evitar cobros arbitrarios. Asimismo, obliga a los bancos a ofrecer productos sin comisiones.
Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los bancos extranjeros en México cobran entre cinco y 19 por ciento más que en sus países de origen.
En noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de proteger a los usuarios frente a abusos en la emisión y cancelación de tarjetas de crédito y débito.
Las reformas prohíben a las instituciones financieras cobrar comisiones por servicios, seguros, membresías o beneficios adicionales sin el consentimiento expreso del usuario, y exigen que los formularios de contratación reflejen claramente los cargos y costos asociados antes de generar cualquier cobro.
Se establece que las entidades emisoras deben garantizar información completa y transparente sobre costos, cargos y comisiones, así como asegurar que el derecho del usuario a cancelar tarjetas pueda ejercerse mediante mecanismos presenciales, telefónicos y digitales, incluyendo aplicaciones móviles y portales web, disponibles todo el año.
La ley señala que la cancelación de tarjetas deberá completarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, sin costo alguno y con certificación digital o física que acredite la terminación del contrato. Además, cualquier emisión de tarjeta sin consentimiento expreso será considerada nula y no requerirá trámite de cancelación por parte del usuario.
Finalmente, se establece que la Profeco y la Condusef deberán supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, formular recomendaciones al Ejecutivo y garantizar que las sanciones correspondientes se apliquen en caso de incumplimiento.
