El uso de adjudicación directa en Chiapas evidenció debilidades en transparencia y procesos de contratación
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
A partir de los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los ayuntamientos de Chiapas consolidaron un modelo de contratación donde la adjudicación directa domina la asignación de obras y servicios, con más del 90 por ciento de los contratos bajo este esquema durante 2024. Esta práctica redujo la competencia y creó espacios para decisiones discrecionales en el uso del presupuesto público.
En la medida en que se evita la licitación abierta, se limita la posibilidad de obtener mejores condiciones técnicas y económicas, lo que impacta en la calidad de las obras. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha estimado que los procesos competitivos pueden generar ahorros de entre 10 y 20 por ciento en contrataciones públicas, lo que confirmó el costo de privilegiar asignaciones directas.
Conforme se revisa el comportamiento a nivel nacional, el patrón de concentración en adjudicaciones directas no es aislado, aunque en la comarca alcanza niveles más elevados que el promedio. La México Evalúa documentó que más del 70 por ciento de los contratos en gobiernos subnacionales se asignan sin competencia, lo que incrementa riesgos de opacidad y reduce incentivos para la eficiencia.
A la par de este modelo, el rezago en planeación municipal agravó la forma en que se ejecutan los recursos, en especial en contextos de alta demanda social. El Banco Mundial advirtió que la falta de planeación en gobiernos locales puede elevar hasta en 30 por ciento los costos de proyectos públicos, debido a errores de diseño, ejecución y supervisión.
Bajo este escenario, la baja proporción de planes de desarrollo presentados en tiempo y forma reforzó la debilidad institucional en la gestión pública municipal, donde la asignación directa se convirtió en una salida recurrente ante la falta de estructuras sólidas de planeación. La presión por mejorar la transparencia no solo respondió a una exigencia legal, también a la necesidad de garantizar que los recursos públicos se traduzcan en resultados tangibles para la población.
