Agricultores gestionan respaldo para garantizar insumos básicos y sostener la producción frente a condiciones adversas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Tapachula, donde la recuperación del campo aún no logra estabilizarse tras la sequía del año pasado, el arranque del próximo ciclo de maíz expuso una dependencia estructural de apoyos públicos para sostener la producción, dado que, sin subsidios para la compra de semillas, cientos de pequeños productores enfrentan el riesgo de reducir o abandonar la siembra en más de dos mil hectáreas previstas.
Bajo esta presión, la solicitud dirigida al ayuntamiento que encabeza Yamil Melgar no solo respondió a una necesidad inmediata, también exhibió una brecha entre municipios del Soconusco donde ya operan esquemas de respaldo y aquellos donde la producción depende casi por completo del capital propio, lo que coloca a los agricultores de Tapachula en desventaja frente a regiones como Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa y Acapetahua.
Desde esta perspectiva, la organización de productores, impulsada por Carlos González, busca establecer un padrón que permita ordenar la entrega de apoyos y focalizarlos en quienes cultivan entre una y 10 hectáreas, lo que también apuntó a un intento por formalizar la gestión agrícola en un sector que ha operado con escaso acompañamiento institucional.
En términos estructurales, cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estimaron que las pérdidas agrícolas superaron el 30 por ciento tras la sequía, mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el maíz ocupa más del 40 por ciento de la superficie cultivada en la comarca y que más del 60 por ciento de las unidades productivas corresponden a pequeña escala, en tanto la Comisión Nacional del Agua advirtió una disminución superior al 20 por ciento en la disponibilidad de agua para uso agrícola en el Soconusco.
Con este escenario, la discusión dejó de centrarse en la entrega de apoyos y se trasladó a la sostenibilidad del campo en la región, puesto que más de cuatro mil campesinos enfrentan condiciones que limitan su capacidad de inversión, lo que convierte al acceso a semillas en un factor decisivo para mantener la producción de maíz y evitar un nuevo impacto económico en las comunidades rurales.
