Sin financiamiento y con recursos limitados, la Casa de la Mujer Indígena se consolidó como un espacio clave para la atención materna
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Desde una lógica comunitaria que desafía estructuras arraigadas, un grupo de mujeres tsotsiles en Chalchihuitán decidió hace más de dos décadas intervenir donde el Estado no llegaba, para disputar el control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres en su entorno. La Casa de la Mujer Indígena surgió como una respuesta organizada frente a la exclusión médica, cultural y económica que ha limitado el acceso a la salud materna en la región.
A partir de esa organización, el espacio se convirtió en un punto de referencia para más de 50 comunidades que encontraron en la partería tradicional una alternativa viable frente a la precariedad institucional, sobre todo si se considera que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, Chiapas registró una razón de mortalidad materna de 59.6 por cada 100 mil nacimientos en 2022, por encima del promedio nacional. A ello se suma que el Consejo Nacional de Población ubica a Chalchihuitán entre los municipios con muy alto grado de marginación, lo que profundiza las barreras de acceso a servicios básicos y atención especializada.
Bajo un modelo solidario que rompe con la lógica mercantil de la salud, las parteras han sostenido su labor sin tarifas ni esquemas formales de financiamiento, que apuesta por una economía comunitaria que también evidenció el abandono institucional. Esta dinámica contrasta con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que indicaron que el 42 por ciento de la población en la comarca carece de acceso a servicios de salud, lo que vuelve indispensable la existencia de redes alternativas como esta, para acompañar procesos de embarazo en contextos adversos.
Frente a ese escenario, la violencia de género se posicionó como un obstáculo adicional que no solo afecta a las usuarias del servicio, sino también a quienes lo sostienen. Esta realidad dialogó con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reportó más de tres mil 200 casos de violencia familiar en la entidaddurante 2023.
Con una estructura interna que combina atención, gestión y formación comunitaria, el proyecto ha evolucionado hacia una plataforma de educación social que confronta prácticas como el matrimonio infantil, fenómeno que, según datos deFondo de las Naciones Unidas para la Infancia, aún afecta al 23 por ciento de las mujeres en México antes de los 18 años. En ese sentido, la Casa no solo atiende partos, sino que interviene en las causas estructurales que los rodean, aun cuando lo hace sin insumos básicos.
