El señalamiento contra el alcalde generó un debate sobre transparencia y control en programas sociales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Al surgir acusaciones sobre el posible uso indebido de apoyos asistenciales en Huehuetán, habitantes cuestionaron la fragilidad de los mecanismos de control en programas sociales, al advertir que despensas destinadas a personas con discapacidad podrían ser desviadas hacia un evento privado organizado por el alcalde Sixto López Pérez fuera de los canales institucionales.
Mientras se mantiene la inconformidad ciudadana por la suspensión de entregas en las instalaciones del DIF municipal, el señalamiento apuntó a una práctica que tensionó la función social de estos programas, al considerar que en Chiapas más de 1.3 millones de personas viven con algún grado de carencia alimentaria según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que vuelve sensible cualquier alteración en la distribución de apoyos.
A partir del llamado dirigido a la coordinación regional del DIF, la exigencia ciudadana no se limitó a una revisión puntual, dado que también planteó la necesidad de reforzar la trazabilidad de los insumos, en un contexto donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que el 12.4 por ciento de la población en el estado presentó alguna discapacidad, sector que depende en gran medida de esquemas de asistencia directa para cubrir necesidades básicas.
Con la proximidad del evento programado para el 3 de mayo en una propiedad privada, la controversia adquirió dimensión política al confrontar la narrativa oficial de transparencia con prácticas cuestionadas a nivel local, sobre todo si se considera que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado que en ejercicios recientes más del 18 por ciento de observaciones en programas sociales del sur del país se relacionan con inconsistencias en la entrega de apoyos.
En medio de críticas a la administración municipal por supuesta desorganización, el conflicto expuso una disputa por el uso legítimo de recursos públicos, en especial en una región donde el 67.4 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza según mediciones oficiales, lo que convierte cualquier irregularidad en un factor que amplía la vulnerabilidad de quienes dependen de estos programas.
