La falta de postura de autoridades estatales mantiene abierta la discusión sobre posibles afectaciones a derechos de movilidad
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La colocación de avisos en unidades de transporte tipo combi que limita a tres el número de adultos mayores o personas con discapacidad con tarifa preferencial ha generado inconformidad entre usuarios, al interpretarse como una restricción aplicada de forma unilateral por operadores sin un sustento claro en reglas públicas de movilidad y acceso al transporte.
Desde la composición demográfica del estado, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalaron que alrededor del ocho por ciento de la población en Chiapas corresponde a personas adultas mayores y cerca del siete por ciento vive con algún tipo de discapacidad, lo que convierte cualquier restricción en el transporte colectivo en un asunto de alta sensibilidad social por su impacto directo en grupos de atención prioritaria.
Bajo condiciones de alta dependencia del transporte público, el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que más del 66 por ciento de la población chiapaneca vive en situación de pobreza, lo que incrementa la necesidad de acceder a tarifas preferenciales como un mecanismo de apoyo económico en traslados cotidianos para trabajo, salud o educación.
Ante la ausencia de lineamientos claros por parte de autoridades estatales, transportistas argumentaron que las decisiones se toman bajo criterios operativos propios, lo que desplegó un margen de discrecionalidad que usuarios consideran riesgoso, pues la población con discapacidad en México representa alrededor del seis a ocho por ciento según registros del sistema de medición social de la Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Frente a este escenario, más de la mitad de la población en Chiapas vive en localidades rurales de acuerdo con el Inegi, lo que limita alternativas de movilidad y vuelve al transporte colectivo un servicio esencial cuya regulación adquiere relevancia pública ante la falta de postura oficial de la autoridad estatal de movilidad.
