Personas de diversas localidades invirtieron bajo promesas de ingresos rápidos mediante una aplicación móvil
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Mientras las oficinas vinculadas a la aplicación SLM en Tapachula dejaron de operar sin previo aviso, el número de personas afectadas en el Soconusco continúa en ascenso, esto creó un esquema que combinó captación digital con ausencia total de respaldo institucional. La desaparición física de estos espacios diluyó las rutas legales para quienes buscan recuperar su dinero.
En la comarca el acceso limitado a servicios financieros dio espacio a esquemas de alto riesgo, datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores indicaron que cerca del 52 por ciento de la población en la entidad no cuenta con acceso a servicios bancarios, lo que incrementó la exposición a plataformas informales. Esta condición estructural facilitó que promesas de ingresos rápidos encuentren terreno fértil entre sectores con pocas alternativas económicas.
A medida que se multiplican los testimonios, el fraude involucra perfiles diversos que van desde trabajadores de la salud hasta campesinos y pensionados, quienes recurrieron a préstamos o venta de bienes para participar. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalaron que el 29 por ciento de los hogares en la región recurre a financiamiento informal, un indicador que explica por qué las pérdidas trascienden el ahorro personal y comprometen economías familiares completas.
Bajo este panorama, la promesa de rendimientos acelerados mediante aplicaciones móviles se inserta en una dinámica de vulnerabilidad digital, donde el desconocimiento tecnológico se convierte en un factor de riesgo adicional. Reportes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros señalaron que las denuncias por fraudes electrónicos han crecido más del 30 por ciento en el sur del país, con patrones similares basados en recomendaciones entre conocidos y simulación de ganancias iniciales.
Con las oficinas cerradas y sin responsables identificados, la problemática se trasladó hacia la capacidad de respuesta institucional, en un contexto donde el 76 por ciento de la población en Chiapas enfrenta condiciones de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La suma de víctimas no solo incrementó el monto económico del daño, también dejó al descubierto una brecha entre la expansión de esquemas digitales y la protección efectiva de los usuarios.
