El diagnóstico ubicó a la comarca con 69.9 por ciento de inmuebles en condiciones vulnerables, muy por encima del promedio nacional
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Al ubicarse Chiapas con más de un millón de viviendas en condición de rezago habitacional, el diagnóstico federal lo coloca en el centro de una concentración crítica que replanteó la escala del problema de vivienda en México, donde la precariedad dejó de ser marginal para convertirse en rasgo estructural de la mayor parte del parque habitacional estatal.
Tras la publicación del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030 de la Comisión Nacional de Vivienda, el dato de 69.9 por ciento de viviendas en rezago contrasta con el promedio nacional de 24.3 por ciento, lo que posicionó a la comarca con una carga habitacional casi triple respecto al promedio del país y constató una concentración territorial del déficit.
Desde la perspectiva de infraestructura básica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía documentó que el 3.46 por ciento de viviendas en México carece de agua entubada y 1.48 por ciento no cuenta con drenaje, cifras que en la entidad se superponen en distintos grados dentro de las mismas unidades habitacionales, esto amplía el impacto del rezago más allá de un solo indicador.
En la dimensión de desigualdad territorial, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que más del 66 por ciento de la población chiapaneca vive en condiciones de pobreza, lo que se articula con la imposibilidad de acceder a vivienda adecuada y reforzó la permanencia de asentamientos con materiales precarios y hacinamiento.
Bajo el análisis del componente social, el propio Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano identificó que el 38.4 por ciento de la población indígena del país habita viviendas en rezago, indicador que en la región adquirió mayor peso por su alta presencia de población originaria, lo que amplifica la relación entre desigualdad estructural, dispersión territorial y acceso limitado a servicios urbanos.
En el plano de género y propiedad, datos del Registro Agrario Nacional señalaron que solo alrededor del 31 por ciento de las viviendas rurales en el país está a nombre de mujeres, lo que en la entidad se vincula con patrones de tenencia desigual.
Frente a este panorama, la concentración de más de un millón de viviendas en rezago en el territorio no se limita a una cifra estadística, también configura un desafío de política pública que atraviesa infraestructura, derechos de propiedad y desarrollo territorial.
